El Consell de Govern aprobó ayer el proyecto de Ley de Finanzas con el objetivo de "reforzar los mecanismos de control y transparencia" en el manejo de recursos públicos. El conseller de Hacienda, José Vicente Marí, explicó que la nueva norma incluye un régimen de responsabilidades para los cargos y empleados públicos que realicen una mala gestión de los recursos de la administración.
Las sanciones, contempladas en la Ley Estatal de Buen Gobierno, podrían ir desde exigirles indemnizaciones por su deficiente gestión hasta la destitución. De igual modo, contempla amonestaciones para cargos y gerentes de empresas públicas que serán controlados mediante una comisión especial de cuentas.
El conseller Marí puso de ejemplo de la mala gestión el ordenar pagos sin contar con el crédito suficiente, actuación muy común en los numerosos casos de corrupción que se han destapado en Balears durante los últimos años.
La nueva Ley de Finanzas no entrará en vigor hasta enero de 2016 y solo afectará al Govern y sus empresas públicas. Ni consells insulares ni ayuntamientos estarán sometidos a ella. Marí explicó el retraso en la entrada en vigor apuntando que "es preciso aplicarla a partir del presupuesto de un ejercicio completo y este será el de 2016".
Ampliaciones de Crédito
El titular de Hacienda relató algunas de las novedades importantes que incorpora la nueva norma. Es el caso de los requisitos para las ampliaciones de crédito, que deben prever la financiación con la que se cubrirán. En la actualidad no existe ninguna referencia legal que establezca cómo se deben sufragar y la mayoría de ellas acababan generando déficit presupuestario.
Asimismo, a la hora de autorizar una inversión publica se deberá garantizar que se cuenta con todo el presupuesto de la misma y se deberá contemplar una cantidad para el mantenimiento de la infraestructura.
Por otra parte, establece más control del Parlament en los gastos plurianuales del Ejecutivo autonómico, ya que los gastos que se extiendan a ejercicios posteriores (plurianuales) que superen determinados umbrales deberán requerir la autorización de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Hasta ahora únicamente se requería la aprobación del Consell de Govern.
Otro de los aspectos que resaltó el conseller Marí en la rueda de prensa posterior del Consell de Govern es que con la nueva Ley de Finanzas los remanentes de tesorería y beneficios deberán ser destinados a amortizar deuda y no a crear nuevas inversiones.
El Parlament contará con un mayor protagonismo en la confección presupuestaria. Según la nueva norma de finanzas, el Govern deberá comunicar a la cámara autonómica el montante del límite de gasto no financiero (los ingresos sin contar los créditos bancarios). Ello permitirá saber a los diputados las líneas básicas de las cuentas de la comunidad para el año próximo. Asimismo, el Govern tendrá la obligación de presentar en el Parlament tanto los presupuestos iniciales como su liquidación en términos consolidados.
José Vicente Marí calificó la nueva Ley de Finanzas como "un gran paso adelante para la comunidad en un momento en el que es necesaria la estabilidad". De igual modo, el titular de Hacienda y Presupuestos apuntó que el proyecto de ley pretende "dar una respuesta legal al impacto que ha tenido en las finanzas de las administraciones públicas la crisis económica y financiera, que puso de manifiesto la insuficiencia de los mecanismos de disciplina de la actual legislación en materia financiera y estabilidad presupuestaria".
El conseller Marí dejó claro que en caso de no existir ingresos suficientes en las arcas públicas del Govern "no se podrá aumentar los presupuestos".
