La fiscalía Anticorrupción barajó hace semanas la presentación de una querella por prevaricación contra el juez que instruye la causa sobre los negocios de Iñaki Urdangarin, José Castro. Lo que el magistrado presentó el viernes como un reto al fiscal Pedro Horrach por los duros reproches que le dedica en su último escrito de réplica, estuvo cerca de hacerse realidad incluso antes de que la tensión alcanzara límites insospechados cuando el caso Nóos aún no salpicaba de lleno a la Infanta Cristina.
El juez Castro ha mostrado su hartazgo por las “intolerables expresiones” que Horrach le dedica en sus escritos de apelación, y el viernes le desafió públicamente a que presente una querella contra él, tras acusarle entre otras cosas de hacer una instrucción “a la carta”. “Si la Fiscalía piensa lo que dice de mí en sus escritos, que interponga una querella por prevaricación, algo que la Fiscalía ya tendría que haber hecho”, aseveró Castro a los medios.
La posibilidad de que alguien, no necesariamente la Fiscalía, se querellara contra Castro ya flotó en el ambiente a principios de este año. El objetivo era evidente: apartar, aunque fuera temporalmente, al magistrado de la dirección de las investigaciones. Sin embargo, no había trascendido que esta medida llegó a debatirse en el seno del Ministerio Público. El resultado hubiese sido el mismo que si el querellante fuera un particular: Castro hubiese tenido que renunciar a la instrucción de la causa hasta que los tribunales dictasen una resolución.
Tal y como ha ocurrido en otras instrucciones de gran trascendencia mediática, si la querella hubiese sido admitida a trámite, Castro hubiese quedado apartado de la investigación de Nóos. En el caso de llegar a juicio, el Consejo General del Poder Judicial le hubiera suspendido de sus funciones, tal y como ya ocurriera con Baltasar Garzón o más recientemente con Elpidio José Silva.
La línea dura que mantiene el fiscal Horrach en este asunto cuenta con el respaldo incondicional del fiscal superior de Balears, Tomeu Barceló, y del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
La razón más poderosa para la presentación de la querella que barajaron los fiscales es el supuesto desprecio continuado del juez Castro a los peritajes de la Agencia Tributaria. De hecho este aspecto es el que con más contundencia utiliza el fiscal Horrach en su recurso contra el auto judicial conocido el miércoles, en el que se opone una vez más a la imputación de la hermana del Rey, y que en consecuencia sea enjuiciada, como sí defiende Castro. Anticorrupción no acepta que se dude de la imparcialidad del peritaje de Hacienda ni que se pueda pensar que existe una trama de funcionarios que trabajan con el único objetivo de salvar a la infanta Cristina.
“Los peritos no se inventan delitos”, sostienen en fuentes de la Fiscalía de Balears. Mantienen la tesis de que Hacienda ha sostenido en este y en todos los casos similares que solo se puede perseguir a los directivos de las empresas que toman decisiones ejecutivas. Circunstancia que, aseguran, no se da en el caso de la hermana del Rey.
No han coincidido
Horrach y Castro no se han visto desde el miércoles, fecha en la que el magistrado hizo público su auto para pasar a procedimiento abreviado las diligencias previas de esta investigación, lo que situaba a Cristina de Borbón más cerca del banquillo. El fiscal pretendió entregar el jueves su recurso en mano, pero Castro no se encontraba en su despacho.
El viernes, cuando el magistrado rompió su parquedad ante los medios y retó al fiscal a querellarse contra él, Horrach estaba fuera de la isla. Desde entonces ha eludido entrar en la dinámica de declaraciones.
