Ni 24 horas ha dejado pasar el fiscal Pedro Horrach para volver a defender que la Infanta es inocente. Ayer presentó un recurso en el que, al tiempo que reitera que la duquesa de Palma no ha cometido ningún delito fiscal, carga de nuevo contra el juez con un despliegue de adjetivos y descalificaciones en los que, en más de una ocasión, insinúa incluso que ha podido prevaricar al confirmar la imputación de Cristina de Borbón. El fiscal Anticorrupción, que elaboró este recurso antes de que el juez notificara el auto definitivo de imputación, mantiene que aún desconoce qué delito concreto se sigue imputando a la duquesa.
Horrach asegura que el juez basa su decisión en meras conjeturas. “Doña Cristina de Borbón es culpable, no se sabe bien de qué”, dice Horrach, que acusa a Castro de perseguir a la hija del Rey emprendiendo “una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio”. Por ello, afirma que Castro tomó la decisión de actuar contra la duquesa sin importarle una valoración justa de las pruebas. “Cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible”. El fiscal acusa al juez de dejarse influir por la prensa. “Las decisiones judiciales han de abstraerse de las influencias derivadas de los juicios paralelos y de las conjeturas”, resalta el escrito, que además afirma que el auto del juez “es un claro exponente de la deriva judicial, consecuencia de interferencias mediáticas”. E insiste en su crítica a Castro por sospechar que los funcionarios (Hacienda) lo estén engañando “porque la realidad no vende y la adopción de decisiones fruto del simple ejercicio profesional, sin el aditamento de intrigras o maquinaciones ficticias, resulta anodino a efectos comerciales”.
Pedro Horrach recuerda que ha sido el juez quien ha cambiado radicalmente de opinión sobre la hija del Rey, sin que ninguna prueba nueva justifique este cambio. En su escrito cita algunos párrafos de otros autos del juez en los que se negó a la imputación de Cristina de Borbón porque en ese momento sostenía que no había intervenido en la gestión ni de Nóos ni de la empresa familiar Aizoon. Sobre este asunto, el fiscal recuerda que se ha tomado declaración a cientos de testigos y ninguno de ellos ha detallado la más mínima participación de la Infanta en su sociedad. “Se desprecian indicios de notable fuerza exculpatoria”, dice el escrito, que insiste en que no se puede llevar al banquillo a una persona por su doble condición de esposa y socia de una persona que ha utilizado la sociedad familiar para cometer un delito fiscal. Horrach desprecia que el auto hable de la “existencia de sobrados indicios de que doña Cristina de Borbón colaboró activamente con la administración de Aizoon, pero después no los cite en su escrito”. Y argumenta: “En la causa no obra absolutamente ningún testimonio que involucre de modo alguno a la Infanta en la toma de decisiones”, insiste Anticorrupción. Y tampoco cree suficiente motivo para juzgarla el que firmara alguna acta de la sociedad.
Personal contratado
El recurso analiza también la intervención de la Infanta. Dice que esta circunstancia ya fue valorada por el juez, aunque en diferente sentido, y recuerda que Castro señaló que una contratación laboral en “negro” era solo “una infracción laboral”.
Horrach tampoco entiende que el magistrado critique ahora que la Infanta no se cuestionara el rápido enriquecimiento de su matrimonio y antes no lo hiciera.
El fiscal sale una vez más en defensa de los inspectores de Hacienda que han mantenido, en diferentes informes, que la Infanta no cometió ningún delito fiscal al no ser administradora de Aizoon. “Las distintas peticiones de informes a Hacienda son otro reflejo de la instrucción a la carta. El resultado de los informes no satisfizo las expectativas del juez, lo que condujo a iniciar otra línea de investigación, contradictoria con la inicial, a modo de encaje de bolillos”, denuncia.
También cuestiona que se pueda atribuir un delito fiscal a la Infanta, cuando el propio juez Castro y la acusación popular han planteado dudas sobre el sistema de tributación de los ingresos de Aizoon.
Para justificar la rectificación del auto, el recurso insiste en que el juez “construye un andamiaje probatorio, con una falsa apariencia de solidez, para imputar a Cristina de Borbón. Cuando se revisan los anclajes de dicha estructura se revela tal inconsistencia que una leve brisa lo desmorona”.
Entrando en el fondo del asunto tributario, Horrach cuestiona que Castro sitúe al socio no administrador de la empresa en una situación que le obliga a controlar la sociedad y le convierte en “copartícipe automático de las decisiones” que se adopten. No entiende que el juez añada un “plus de responsabilidad” cuando se simultanea la condición de “socia con la de cónyuge del administrador”. Y por ello insiste en que participar en una sociedad no “implica una situación de peligro”, ni tampoco genera un deber de control.
Para Anticorrupción, no tiene importancia que Cristina de Borbón firmara documentos de la sociedad, porque ello respondía al principio de confianza que mantenía con su esposo y socio. Y tampoco cree que se justifique una acusación de blanqueo porque hiciera gastos personales con fondos de Aizoon.
El fiscal denuncia el tono de las preguntas que utilizó Castro. Y también cuestiona que en el auto señale que no puede desimputarla porque no respondió a sus preguntas. “No es que la imputada sea evasiva, sino que no dice lo que el instructor quería oír”. Por ello, le recuerda a Castro que “los derechos no se mendigan, se exigen y ejercen como expresión máxima de la libertad individual, sin necesidad de mayores explicaciones”.
Para defender la desimputación de la Infanta, Pedro Horrach cree que no tiene sentido que el juez pueda sostener que al construir la sociedad Aizoon en el año 2003, ella ya participara en un “plan criminal” para que su marido, cuatro años después, pudiera cometer un delito fiscal. “Es una presunción huérfana”, reitera el escrito.
Tampoco cree el fiscal que la preparación académica de Cristina de Borbón, ni su condición de Infanta de España, pueda convertirse en un indicio en su contra para sentarla en el banquillo.
Cree Horrach que afirmar que la Infanta conocía que su marido estaba cometiendo un delito no se sostiene. “Las especulaciones y conjeturas” son propias de “otros foros, porque en el proceso penal no tienen cabida”.
También cita en su recurso otros casos, resueltos por la Audiencia, en los que las mujeres de los administradores de una sociedad, con la que se cometió un delito, han sido juzgadas y después han sido absueltas por falta de pruebas.
Se refiere a las sentencias del caso Scala o Temps d’Esport. Horrach asegura que no conoce ningún caso de una persona que haya sido llevada a juicio porque su marido y socio a la vez de una sociedad familiar ha podido cometer un delito fiscal al no tributar correctamente sus ingresos.
El fiscal quiere que Castro congele el plazo para entregar los escritos de acusación y defensa, hasta que la Audiencia no resuelva este recurso.
