La Casa del Rey expresó ayer su "pleno respeto a la independencia del poder judicial" tras conocer la decisión del juez instructor del caso Nóos, José Castro, de mantener la imputación de la infanta Cristina. La Infanta compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma el pasado 8 de febrero como imputada y cuando el juez anunció, un mes antes, su decisión de citarla, la Casa del Rey manifestó su "respeto a las decisiones judiciales", la misma postura que trasladó cuando, el 7 de mayo del año pasado, la Audiencia de Palma dejó sin efecto la imputación de Cristina de Borbón, decidida un mes antes por el juez.
Aquella resolución a favor de la imputación suscitó una reacción de la Jefatura del Estado muy comentada en aquel momento, ya que la Casa del Rey expresó su "sorpresa" por "el cambio de posición" del juez Castro y mostró su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía de presentar recurso contra esta medida "en su posición procesal de imparcialidad y defensa de la legalidad".
A diferencia del momento en que compareció ante el juez Castro, la infanta Cristina ya no forma parte de la Familia Real, tras la abdicación de don Juan Carlos. El nuevo monarca, Felipe VI, subrayó en su discurso de proclamación que la Corona debe "velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente".
Doña Cristina, apartada de toda actividad institucional desde finales de 2011, no asistió ni a la ceremonia de proclamación de su hermano ni a la de abdicación de su padre celebrada la víspera en el Palacio Real, a diferencia de su hermana la infanta Elena.
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, recalcó ayer el "respeto absoluto" del Gobierno ante la decisión del juez del caso Nóos, José Castro, de mantener la imputación de la infanta Cristina, aunque recordó que aún es recurrible. Gallardón aprovechó para defender que "en este país la ley es igual para todos". En el mismo sentido se expresó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien consideró que la imputación de la Infanta demuestra que el Estado de derecho "funciona y la ley es igual para todos". El ministro de Educación, José Ignacio Wert, incidió en que la imputación "no es definitiva porque la determinación de la apertura del juicio" corresponde a la Audiencia Provincial de Palma.
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, aseguró que la imputación de la Infanta "pone de manifiesto que la justicia actúa con independencia de la persona encausada", mientras que la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, mostró su "respeto" a la decisión y afirmó que "todos somos iguales ante la ley".
Para el coordinador de IU, Cayo Lara, el juez Castro hace "justicia con mayúsculas" y confió en que cuando acabe el proceso pueda decirse que "la justicia empieza a ser igual para todos, gracias a jueces como el juez Castro".
