Los partidos PSIB-PSOE y MÉS han denunciado hoy que el Govern ha comenzado a externalizar determinados servicios sociales a empresas privadas con ánimo de lucro, priorizando el ahorro económico a la calidad de la atención que reciben los usuarios de dependencia y discapacidad.

En concreto, ambas formaciones se refieren a que la Conselleria de Familia y Servicios Sociales sacará a concurso el Programa de Autonomía Personal para personas con discapacidad física, lo que obliga a la Federación de Personas con Discapacidad Física (Predif), que hasta ahora gestionaba el servicio, a presentarse al mismo y, en consecuencia, a competir con empresas privadas con ánimo de lucro.

La consecuencia inmediata es que Predif no se presentará al concurso, porque considera que con una rebaja presupuestaria superior a los 200.000 euros del convenio actual no se podrá ofrecer el servicio de calidad que hasta ahora se daba, explica en una nota de prensa MÉS.

La diputada de la coalición Fina Santiago ha denunciado la "hipocresía" del PP, ya que "cambian la ley de servicios sociales para concertar con el tercer sector, y luego dan la gestión a empresas privadas con ánimo de lucro".

Para la diputada del PSIB-PSOE, Conxa Obrador con este concurso se prueba que el compromiso anunciado por la consellera de Familia y Servicios Sociales, Sandra Fernández, de favorecer conciertos con entidades no lucrativas que dan servicios en el ámbito de la discapacidad y la dependencia, para favorecer la calidad y la profesionalidad del servicio, era "una farsa y una mentira".

El pliego de condiciones publicado por la Conselleria para gestionar el programa de autonomía personal para discapacitados indica que su prioridad es tener la oferta económica más barata, y no consideran tan importante las capacidades técnicas, "que son precisamente las que determinan la calidad del servicio que se pretende gestionar", destaca el PSIB.

El PSIB ha pedido al Govern que retire este pliego de condiciones y que valore "la capacidad técnica y profesional" para dar el servicio, por encima de la parte económica.

Por su parte, MÉS desiste solicitar la retirada del concurso porque considera que es una petición que no recibirá "ni un minuto de reflexión" por parte del Govern, según los antecedentes.

No obstante, Santiago ha dicho que su grupo hará un seguimiento parlamentario a la empresa que se haga cargo de este servicio durante un año, y espera que en 2015 haya "un Govern más comprometido con el tercer sector de los servicios sociales, no sólo en palabras sino con hechos".

Esquerra Unida (EU) se ha unido a las críticas de PSIB y MÉS a esta decisión de Servicios Sociales, y ha apuntado que la consellera Fernández pone "en grave peligro la atención a las personas discapacitadas" con este concurso, por lo que ha calificado su decisión de "profundamente injusta" con Predif.