La lista de empresas que ofrecen descuentos a los militantes del PP se ha multiplicado. Según reveló ayer el secretario general de la formación en Palma, Álvaro Gijón, ya hay 700 empresas adscritas a la tarjeta azul. Cuando se presentó esta promoción hace dos meses, se anunció que eran 300 los establecimientos adheridos.
El auge de comercios vinculados se debe al "interés comercial" que suscitan los más de 22.000 afiliados del PP balear, según manifestó ayer Gijón en el transcurso del pleno municipal del Ayuntamiento de Palma.
El consistorio debatió acerca de una propuesta de la coalición Més para que Cort no firme contratos con las empresas afiliadas a esta campaña promocional, por considerarlo una forma de donación indirecta. La moción tenía un redactado idéntico a las que se presentaron en el Parlament y el Consell de Mallorca. Tanto el PSOE como Més votaron a favor de la propuesta, que no salió adelante gracias a los votos en contra del PP, que tiene mayoría absoluta en Cort.
El número dos de los populares palmesanos negó que la tarjeta de descuentos sea ilegal -"el partido a nivel nacional lo ha analizado"- y manifestó que esas mismas ventajas las tienes los afiliados a un colegio profesional o a un sindicato "y nunca nadie se ha quejado".
Gijón retó al resto de partidos políticos a que denuncien al PP si creen que la tarjeta azul es ilegal. "El Tribunal de Cuentas controla en este país la financiación de los partidos. Si ven alguna irregularidad, vayan al Tribunal y pongan una denuncia", espetó.
El teniente de alcalde de Turismo de Cort también incidió que "en este momento no hay ninguna empresa [vinculada a la tarjeta azul] que esté trabajando con el Ayuntamiento, pero tampoco se dejaría de contratar por ese motivo".
El portavoz de Més, Antoni Verger, afirmó que, más allá del debate legal, hay un trasfondo de "ética y estética". "¿No ven que esta idea es una auténtica aberración inaceptable e intolerable? Abunda en el descrédito de la política y genera suspicacias y dudas sobre la objetividad de la administración. ¿No entienden que algunas empresas se verán forzadas a participar por miedo a no sufrir represalias?", argumentó el econacionalista a las bancadas populares.
"A lo mejor somos más listos"
En el mismo tono crítico, el regidor del PSOE Andreu Alcover pregunto a Gijón por qué ninguno otro partido había puesto ya en marcha una iniciativa similar. "Les digo que hay tres respuestas posibles: o es ilegal, o es legal pero un escándalo o porque nadie había tenido una idea tan brillante", agregó el socialista. "A lo mejor somos mas listos que todos los otros", replicó Gijón.
El regidor del PP también insistió en que todas las empresas se han apuntado "de manera voluntaria". "Si creen que alguna empresa se ha visto condicionada o coaccionada, denúncienlo también", aseveró Gijón en respuesta a los econacionalistas.
La Targeta PP Blava se presentó el pasado febrero rodeada de polémica. La lista de establecimientos adheridos ha sido un secreto desde entonces, incluso para muchos de sus afiliados.
