­Maria Antònia Munar no quiere volver a pasar la experiencia de ser juzgada por un caso de corrupción. Por ello, su abogado ha formulado un recurso ante la Audiencia de Palma, en el que se opone a la decisión que ha adoptado el juez Castro de que responda de los delitos cometidos en el llamado caso Maquillaje, un asunto que se centra en la contratación irregular de la desaparecida Ona Mallorca, la radio del Consell que se financiaba con fondos públicos.

Como adelantó DIARIO de MALLORCA, el juez Castro ha concluido la instrucción de este caso, y sitúa a Munar como máxima responsable de esta trama, pues los hechos se cometieron cuando ejercía el cargo de presidenta del Consell de Mallorca. Por su condición de órgano contratante, según el magistrado, era la máxima responsable de que no se manipularan los contratos públicos. Sin embargo, esta obligación no se cumplió cuando el Consell de Mallorca firmó un contrato con la empresa Studio Media, una sociedad que se había creado exclusivamente para encargarse de la explotación de la radio pública. Un proyecto, encabezado por Alfredo Conde, que en los últimos seis años llegó a facturar hasta tres millones de euros. El empresario muchas veces tuvo que falsificar facturas porque no pudo justificar el destino que dio al dinero público.

La expolítica que está ahora en prisión no está conforme cuando el juez asegura en su auto que ella toleró y consintió que el Consell contratara a esta empresa, pese a que carecía de los requisitos que se exigían para desarrollar este tipo de proyectos financiados con dinero público. El auto del juez detallaba, por ejemplo, que la ley de contratación, sobre todo cuando se trata de este tipo de proyectos, exige que la empresa disponga de una determinada cualificación empresarial, además de estar al día en el pago de los impuestos de Hacienda y de las cuotas de la Seguridad Social. La sociedad de Alfredo Conde no contaba con ninguna de estas dos condiciones. Munar mantiene en su recurso ante la Audiencia que ella desconocía que esta sociedad careciera de los requisitos mínimos para contratar con la administración. Sostiene también que la tramitación del contrato fue una labor que realizaron sus colaboradores, en concreto Miquel Nadal, y que nadie le informó de estas irregularidades. Niega también que ella hubiera ordenado que se contratara a Alfredo Conde por su condición de militante de Unió Mallorquina, además de amigo de Bartomeu Vicens, uno de sus principales colaboradores.

La defensa plantea este recurso ante la Audiencia con la esperanza de que se decrete el sobreseimiento con respecto a Maria Antònia Munar, quien podría sentarse de nuevo en el banquillo acusada de cuatro delitos. El juez Castro le atribuye los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial. Estos delitos están castigados con penas de prisión.

Si la Audiencia rechaza el recurso de la defensa, con toda seguridad el juez Castro dictará un auto por el que abrirá juicio oral. Ello supondrá que Maria Antònia Munar tendrá que sentarse de nuevo en el banco de los acusados. Será la tercera vez que lo haga, siempre por casos de corrupción. Las dos veces que ha sido juzgado ha resultado condenada. Primero por el caso Temps d´ Esports (una pieza derivada del caso Maquillaje) y después por el tema Can Domenge. La primera sentencia, por la que se le impuso una pena de cinco años de cárcel, fue después ratificada por el Tribunal Supremo. Munar conoció el resultado negativo de este recurso en la cárcel de Palma. Entró el pasado verano días después de que la Audiencia la hubiera condenado a seis años de cárcel por el caso Can Domenge. Esta última sentencia ha sido también recurrida ante el Supremo y está pendiente de que se dicte sentencia. El caso Maquillaje no es el único proceso pendiente de Munar. Hay otros temas que aún se investigan.