La fiscalía anticorrupción quiere sentar en el banquillo a once antiguos dirigentes de Unió Mallorquina (UM) o entidades vinculadas al desaparecido partido por el llamado caso Ayudas, una presunta trama de desvío de fondos del Consell de Mallorca entre 2004 y 2006. El caso lleva parado un año y medio, desde que, en octubre del 2012, se dictó el auto de fin de instrucción (paso a procedimiento abreviado).

Ayudas es una de las causas más antiguas por presunta corrupción con fondos públicos. Se abrió en 2006 a raíz de la denuncia interpuesta por un grupo de ciudadanos, encabezados por el fallecido abogado Ángel Olmo. Enseguida se unió la fiscalía anticorrupción.

La presunta trama desvío cientos de miles de euros en forma de subvenciones del Consell de Mallorca a entidades como el Centro Cultural de Campos, Associació Agricola i Ganadera Fora Vila; Associació de Caçadors de Mallorca; Associació per a la Conservació i Difusió del Patrimoni y Associació d´Activitats Socioculturals de Mallorca.

El entonces juez de instrucción 1 de Palma, Pedro Barceló, exculpó a los dirigentes de UM en el Consell Dolça Mulet, consellera de Cultura, y Joan Josep Mas, director insular de Patrimonio en esos años, en abril del 2008, pero dejó abierto el caso para 11 de los responsables de las entidades subvencionadas por falsedad documental y desvío de ayudas públicas.

En diciembre del 2010 la Audiencia reabrió todo el caso y ordenó completar las pesquisas sobre la presunta trama de corrupción.

Casi dos años después, se dictó el auto de pase a procedimiento abreviado, donde se daba pie al enjuiciamiento de los imputados.

Tras este auto, que fue recurrido por las defensas, se ha producido un parón en el caso.

La fiscalía anticorrupción quiere reactivar la causa y formular el escrito de acusación contra los encausados.

Inicialmente se baraja la imputación de cinco delitos, penados con elevadas condenas. Todas las entidades investigadas, menos el Centro Cultural de Campos, fueron creadas en el momento de la toma de decisión por el Consell de las ayudas y entre sus impulsores había dirigentes o simpatizantes de UM y empleados del Consell de Mallorca. Esta institución, gobernada por UM, otorgó un 90% de sus subvenciones por el llamado sistema nominativo en 2005, que veta a otras asociaciones la participación en los concursos.

Según la Audiencia de Palma, las asociaciones denunciadas no justificaron adecuadamente el destino de los fondos públicos recibidos. La única entidad que fue exculpada por los magistrados fue el Centro Cultural de Campos, que sí demostró donde se había gastado las subvenciones.

El Partido Popular (PP) ejerce la acusación popular en el caso, a través del letrado Bartolomé Vidal, que también piensa acusar a los imputados.