El PSIB y el PSM han destacado hoy que la adquisición de trenes por 77 millones de euros aprobada por Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) en 2008 e investigada ahora por la justicia era la ejecución de una opción de compra contemplada en el contrato suscrito por el Govern del PP en 2005.
Representantes de los partidos de izquierda que gobernaban en la pasada legislatura han expresado en los pasillos del Parlament su tranquilidad ante el procedimiento judicial abierto, del que da cuenta Diario de Mallorca.
El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, ha explicado que la investigación surgió a raíz de que la dirección de SFM trasladara a la Fiscalía Anticorrupción la documentación referente a la compra de trece vagones de metro, una operación que, según una auditoría, presentaba irregularidades.
Sin embargo, tanto la diputada del PSIB Pilar Costa como el líder del PSM (ahora integrado en MÉS), Biel Barceló, han apuntado a la exconsellera de Transportes Mabel Cabrer, actual portavoz parlamentaria del PP, como responsable del concurso del que deriva la compra investigada.
Barceló ha explicado que ha hablado con el exconseller de Transportes Biel Vicens, responsable de SFM cuando se produjo operación bajo sospecha, y que está tranquilo sobre la legalidad de su gestión.
Según el dirigente nacionalista, "si había un consejo de administración mirado con lupa" era el de la empresa pública que gestiona el transporte ferroviario de Mallorca, cuyas acciones supervisaban los servicios jurídicos del Govern.
También Pilar Costa ha expresado su confianza en que no se cometió ninguna ilegalidad en este caso y ha añadido que, en cualquier caso, su partido quiere que la justicia "llegue hasta el final por la tranquilidad de todos".
El conseller Company ha aludido igualmente a la necesidad de dejar a los órganos judiciales que hagan su trabajo y se ha puesto a su disposición para aportar cualquier información complementaria que le sea requerida a su departamento.
El responsable de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio ha señalado que la auditoría de la que se derivó la actuación de la fiscalía se realizó en cumplimiento de un acuerdo del Parlament balear.
Company ha dejado abierta la posibilidad de que se trasladen nuevas sospechas de irregularidades al ministerio público "si siguen llegando datos".
El diputado del PP Carlos Veramendi ha afirmado que la gestión de SFM en la pasada legislatura es un ejemplo de falta de rigor en los procedimientos de contratación y de continuo "despilfarro".
