Los consumidores de Balears que entre el 1 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de ese mismo año repostaron combustible y sean capaces de demostrarlo con una factura podrán reclamar a Hacienda la devolución de 4,8 céntimos por litro de gasolina, correspondientes al tramo balear del impuesto conocido como “céntimo sanitario”, que recaudó 28 millones en ese ejercicio. Además, los ciudadanos y empresas también tendrán derecho a exigir el reintegro de los 200 millones cobrados en Balears con el tramo estatal del mismo céntimo sanitario, vigente desde 2002. En total, los consumidores de las islas podrán exigir hasta 230 millones de euros ilegalmente cobrados.

Esas son las consecuencias directas de la sentencia con la que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea tumbó ayer el llamado “céntimo sanitario”, al considerar que vulnera la legislación comunitaria. Obliga por ello a España y sus autonomías a reembolsar a los consumidores los 13.000 millones recaudados desde que el tributo se creó en el año 2002, primero en su versión estatal y después en sus variantes autonómicas, cuando una por una las regiones aumentaron el tributo.

Balears fue una de las últimas en apuntarse al recargo autonómico, aunque lo hizo a lo grande: el 1 de mayo de 2012 activó el máximo permitido, 4,8 céntimos por litro que hicieron que a los baleares se les cobrasen ilegalmente hasta diciembre de ese año 28 millones con el céntimo autonómico. A partir de ahí la cosa cambia: el tributo fue corregido en 2013 para adaptarlo a Europa, por lo que el Govern ayer aseguraba que la recaudación de 2013 no hay que devolverla y que los 4,8 céntimos seguirán cobrándose, ahora que el defecto está arreglado. La cuestión es así qué ocurre con los 28 millones que cobró la comunidad de mayo a diciembre de 2012, susceptibles de ser reclamados por los consumidores.

Aunque hay más a reclamar: entre el año 2002 y mayo de 2012, aunque aún no se cobraba el tramo autonómico del impuesto, en Balears sí que se exigía el tributo ahora ilegalizado, aunque en su versión estatal. Lo que se recaudaba en cada territorio se transfería después del Estado a las comunidades para que financiasen la sanidad, con lo que la parte estatal del gravamen cobrada en las gasolineras entre 2002 y 2012 en Balears también es susceptible de devolución, según interpretan en la Conselleria de Hacienda del Govern, y tal como corroboran especialistas en fiscalidad y dos exconsejeros de Hacienda de otras regiones.

Y la cuantía a exigir no es menor: la recaudación de Balears por el céntimo estatal rondó entre 2002 y 2012 los 20 millones al año. Es decir, los consumidores podrían reclamar hasta 200 millones correspondientes a diez años de tributo en Balears, aunque las devoluciones, con el tiempo transcurrido y las dificultades para acreditar la compra con una factura hacen pensar que no se llegará ni por asomo a esa cuantía. Un ejemplo, del total de 13.000 millones que se deben devolver en España, los técnicos consultados apuntan a que, como mucho, se acabarán justificando 3.000 o 4.000, una tercera parte del total.

Reclamación al Estado

Lo que está claro es que la administración deberá hacer frente al pago a quien muestre las facturas. Los jueces se muestran taxativos: por mucho que el Gobierno español haya pedido al Tribunal que perdone la devolución por el impacto negativo que tendrá sobre las comunidades, la justicia europea le recuerda a España que fue advertida en reiteradas ocasiones de la ilegalidad del tributo, sin que se retirase, por lo que asegura que el Gobierno ha actuado de mala fe y exige el reintegro de lo cobrado.

La cuestión ahora es cómo se desmadeja el embrollo. No está decidido ni quien tendrá que retornar lo cobrado ilegalmente, aunque todo apunta a que el responsable será el Gobierno central. Los departamentos de Hacienda de las autonomías, incluido el de Balears, coinciden de hecho en que es cosa del Estado, con un argumento: aunque la recaudación está cedida a las autonomías, el impuesto es estatal, así que será el Estado quien deba responder. Lo mismo dicen los fiscalistas cuestionados, que apuntan a que las reclamaciones deberán cursarse ante el Ministerio de Hacienda, que desoyó a Europa durante un decenio y con gobiernos de PP y PSOE