Más derechos para el consumidor, y reforzar la defensa de sus intereses legítimos frente a los abusos comerciales. Son dos de los ejes sobre los que el Govern vende el nuevo proyecto de ley de Protección de las personas consumidoras y usuarias de las Illes Balears, aprobado ayer por el consejo de gobierno.

El nuevo texto normativo sustituirá la ley de Consumo que está en vigor desde 1998, informó el conseller del ramo, Martí Sansaloni, quien justificó la necesidad de "modernizar" la legislación balear ante los cambios en la oferta, venta y prestación de bienes y servicios en el mercado y su contratación, además de la nueva regulación estatal y de la Unión Europea, que han dejado al consumidor en desventaja frente a las empresas.

Entre otros aspectos, Sansaloni destacó que con la nueva ley los consumidores estarán "más protegidos frente a las cláusulas y prácticas abusivas", así como ante las "prácticas comerciales agresivas". Con todo, al ser preguntado sobre si con esta norma los afectados por la venta de participaciones preferentes hubieran podido defender mejor sus intereses ante los bancos, el conseller lo negó, ya que, explicó, "las Comunidades Autónomas no pueden regular preferentes, es una competencia estatal". En cambio, los abusos de las compañías de teléfono móvil "sí que entran si las compañías están sometidas al sistema de arbitraje", informó el conseller.

Otro aspecto a destacar es que "quedan excluidas del ámbito de protección de esta ley las relaciones entre la Administración pública o las empresas públicas y el consumidor cuando este no deba pagar una contraprestación por la prestación del servicio o el suministro de un bien".

Por otro lado, el proyecto de ley regula el "derecho a la información" que tienen los consumidores antes de un contrato y en materia de precios, así como el idioma en el que tiene que darse la citada información. Así, "obligamos a que el etiquetaje de los productos aparezca en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma, y si el producto en cuestión supone riesgo para la salud, que como mínimo esté en la lengua oficial del Estado", aunque si el fabricante quiere también puede estar en catalán, apuntó Sansaloni. Las botellas de vino no entran en esta clasificación, señaló el conseller, que siguiendo con el tema del idioma de las etiquetas afirmó que "no se ha tocado nada, está exactamente igual que hasta ahora".

En otro apartado, la ley introduce la figura de "protección al consumidor vulnerable", una categoría en la que entre otras personas incluye a "los menores de edad, gente mayor, enfermos o discapacitados", así como cualquier ciudadano en situación de inferioridad o indefensión". El proyecto de ley estipula claramente "los derechos de los consumidores, la irrenunciabilidad" de los mismos y "la interpretación de las normas a favor del consumidor. Así, en el supuesto de dudas o diferencias interpretativas, toda publicidad, comunicación comercial, oferta, práctica o cláusula que sea aplicable a una relación de consumo se interpretará a favor del consumidor", señala el Govern en una nota de prensa explicativa de la nueva norma.

Rebaja por pronto pago

Sansaloni explicó que las cuantías de las sanciones por incumplimiento de la normativa se mantienen como en la actualidad, sin incremento alguno. Como novedad, sí se regula por vez primera la reducción de la sanción por pago inmediato. Es decir, el texto prevé una rebaja del 50% del importe en el caso de las multas por infracción leve si el responsable se muestra conforme con el contenido de la resolución de inicio e ingresa el dinero en 15 días.

Sansaloni niega que ello vaya a suponer que a las grandes empresas les resulte más rentable vulnerar la ley y luego beneficiarse del descuento.