"El Govern ´entrevistó´ en Palma a Pau Segura, que estaba en Argentina". El titular que reseñaba el don de la ubicuidad de la agente electoral del PP balear presidía la edición de este periódico el 26 de abril de 2001. Trece años después, la Audiencia de Palma ha condenado a un total de seis años de cárcel a dos altos funcionarios y una directora general del primer ejecutivo de Matas, por su "entrevista simulada" recogida en un "documento falsario". Así concluía el tortuoso tango de Operación Mapau.

Una de las personas condenadas ya declaró tras descubrirse la contradicción que "no hicimos la entrevista personal, fue una falta de rigor por nuestra parte". La estrategia defensiva se refugió durante el juicio en la amnesia, descartada por la Audiencia. El tribunal ha desmantelado retrospectivamente los cortafuegos interpuestos para que Matas y Rosa Estarás, los dos protagonistas principales del escándalo, jamás tuvieran que declarar ni como testigos en torno al mismo. No fueron absueltos, sino inmunizados por el Tribunal Superior. El fiscal Julio Cano se extendió sobre esta contradicción, resumida por el tribunal en la figura del "sarcasmo" que acuñaron los jueces disidentes y decentes del Tribunal Superior.

Operación Mapau es la trama de captación de votos de emigrantes baleares a Argentina para el PP, pagada por el primer Govern Matas. Esta afirmación puede efectuarse sin presunciones ni suposiciones, porque se dispone de los informes en que los enviados del ejecutivo popular reconocen con tenor literal su papel, explicando su labor y sus expectativas electorales. La destinataria de los documentos era Estarás.

El embrión de la trama

El propio nombre de Operación Mapau corresponde a la denominación elegida por el autor de los informes para la obtención de votos. El caso Formentera es el embrión de la trama, con su pretensión de alterar el diputado de la mínima circunscripción mediante el empadronamiento de 73 emigrantes argentinos, totalmente ajenos a la manipulación censal y mucho más al destino de su voto.

A raíz de Operación Mapau se modificó la legislación sobre el voto de emigrantes en elecciones autonómicas. Sin embargo, la ambiciosa trama diseñada en el Consolat tenía objetivos más ambiciosos, cifrados en la incorporación de doce mil argentinos y uruguayos en los censos de diversos municipios de Mallorca. Buena parte de ellos habían fallecido, un detalle que no alteraba los propósitos de la red ni obstaculizaría el sentido de su voto de ultratumba. De hecho, los alcaldes populares se quejaban de verse discriminados en el aluvión de refuerzos sudamericanos, dispuestos en carpetillas de "Muro", "Pollença" o "Santa Margarita".

Como no podía ser de otra manera a la vista de los personajes involucrados, Operación Mapau desembocó en una monumental pero carísima chapuza. El primer escándalo del Govern Matas se saldó con la pérdida del Consolat y la llegada del primer Pacto de Progreso. Los casos de corrupción del mandato 1996-1999, con mención especial a Bitel, tenían por cometido la conservación del poder. En la legislatura 2003-2007, la diana era el enriquecimiento, según confirman las condenas dictadas hasta la fecha.

Con una sentencia ejemplar, la Audiencia ha sellado la autoría de Operación Mapau. Tras la condena adquiere nuevas irisaciones el manuscrito elaborado por Matas en el Consolat, en una reunión a la que acudió la mujer de frágil memoria que titula el caso, y cuyo testimonio "respondiendo de forma inveraz a lo que se le preguntaba" fue destacado por el tribunal. De hecho, la desmemoriada recogió el esquema del president en puntuales notas de su puño y letra publicadas por este diario.

El acta fundacional de Matas corresponde a la impresión de su escritura sobre la entonces avanzada pizarra que tenía en su despacho. Se observa que en el Departamento ("DPT") aparece destacada "M. Pau". No hacen falta mayores disquisiciones para identificar al inspirador de una contratación hoy calificada penalmente de fraudulenta.

El fiscal jefe, Antonio de Vicente Tutor, auspició la elevación al TSJ de la instrucción judicial iniciada en Eivissa. En sus palabras, "basta la lectura de tales informes (de los agentes electorales del Govern) para observar que contienen observaciones para dirigir torticeramente el voto sudamericano al PP". Sin embargo, el juez Antonio Monserrat archivó por dos veces la instrucción de modo expeditivo en el TSJ. Su primer auto dedicaba cuatro folios a descalificar a este periódico. Prestaba mayor atención a la información sobre la trama que a sus autores.

También por dos veces, el minucioso trabajo de los magistrados Antonio Capó y Javier Muñoz obligó a Monserrat a reabrir el caso. Antes de ser derrotados por una sombría maniobra de su presidente Antonio Terrasa, los disidentes reprochaban al instructor que "realizara interpretaciones de la norma tendentes a forzar su tenor literal, espíritu y finalidad para concluir que no existe delito a pesar de su, al parecer, infracción".

Advertían a Monserrat de que no era quién para archivar la presunta malversación sostenida por la sala y, en el colmo, le culpaban de efectuar una "cita incompleta" para favorecer al PP.

Ascendido al CGPJ

Monserrat fue premiado con un ascenso al Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, tras acuñar el genial razonamiento de que "no hay por qué dudar de que (Mapau) posea conocimientos de ruso, teniendo en cuenta su conocimiento de otros idiomas". Ninguno de los jueces discrepantes ha gozado de un ascenso.

Los creadores políticos de Mapau tampoco sufrieron por unos hechos "ética y estéticamente reprobables", según el fiscal jefe del Supremo. Rosa Estarás y un conseller de Bauzá prosiguieron su carrera triunfal. También se ha afianzado con cambio de siglas Antoni Pastor, que en los ocho meses previos a las elecciones de 1999 viajó hasta seis veces a Argentina, desde donde remitió a Matas su famoso mensaje, "Formentera, tot està bé". Matas y Cardona, titular de la conselleria que acogió buena parte del presupuesto del escándalo, acabaron condenados por trapacerías de su segundo mandato juntos.

Con todo, no cabe ahogarse en la nostalgia. Sin Mapau sería impensable que Urdangarin y Cristina de Borbón estuvieran imputados en el caso Infanta. No es exactamente una casualidad que José Castro asistiera el pasado martes a la comida de jubilación de su colega Javier Muñoz, y que aplaudiera con singular energía la amarga evocación del tango de Operación Mapau a cargo del homenajeado.