La Ley de Símbolos ha entrado hoy en vigor, después de que Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia sacase el pasado sábado a exposición pública el proyecto de decreto que la desarrolla, que ha generado polémica y oposición de parte de diversos sectores, sobre todo grupos políticas y educativos.
El decreto pretende garantizar que los símbolos que se utilicen en los inmuebles y muebles afectos a los servicios públicos propios de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares "no comprometan la neutralidad y objetividad con que se han de prestar los mencionados servicios públicos".
La normativa regula que los símbolos representativos de actos conmemorativos de carácter oficial y de declaraciones de interés local, nacional o internacional sólo se podrán utilizar en inmuebles o muebles afectos a servicios públicos de la comunidad cuando haya una asunción o adhesión expresa mediante acuerdo del Consell de Govern.
Esta adhesión es una potestad discrecional del Govern, en el ejercicio del establecimiento de la política de la comunidad autónoma y de la dirección de la Administración, recalca el decreto.
El vicepresidente del Govern y conseller de Presidencia, Antonio Gómez, ha defendido que "la Ley de símbolos no va contra ningún símbolo" y "trata de evitar confusiones a los ciudadanos y respetar sus derechos, como es el de recibir cualquier servicio público en condiciones de objetividad e imparcialidad", ha añadido.
La Ley de Símbolos recoge que las administraciones públicas deben mantener una postura de "total imparcialidad y objetividad", de manera que "pretende que en los espacios en los que se presta este servicio público no se hagan manifestaciones de carácter ideológico", ha asegurado el conseller.
El Govern defiende el derecho a la libertad de expresión, que en ningún caso se prohíbe con esta ley, ha destacado el conseller.
El decreto indica que por símbolos representativos de declaraciones oficiales de interés local, nacional o internacional se entiende aquellos que, una vez declarados por el órgano competente, sean asumidos expresamente por el Govern mediante acuerdo que se deberá publicar en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).
La persona responsable del inmueble de la comunidad autónoma donde se pretenda colocar el símbolo es quien debe solicitarlo a la Conselleria competente.
El decreto señala que se denegará el uso de "símbolos representativos de la identidad de otros entes territoriales o que se puedan confundir con ellos".
También se rechazarán los símbolos que incluyan en su diseño o contenido siglas, anagramas o logotipos de partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y otras asociaciones y entidades privadas, los que impliquen vulneración de los principios constitucionales o lesión a los derechos fundamentales y los que inciten a la violencia o la fomenten.
Se denegarán los símbolos ofensivos para personas o instituciones, contrarios en el uso o destino de los inmuebles donde se pretendan utilizar; los que impliquen deterioro, ensuciamiento o degradación de su superficie y los que menoscaben su estética, normal uso y sean de difícil extracción.
Para el sindicato STEI-i, el Govern "hace el ridículo" con este proyecto de decreto, por lo que ha anunciado que presentará alegaciones a dicho borrador y ha señalado que, seguramente, "también acabará ante el Tribunal Constitucional".
El sindicato ha señalado que si bien la ley indicaba que el uso de símbolos considerados representativos de declaraciones oficiales de interés local, autonómico, nacional o internacional en inmuebles afectos a servicios públicos de la comunidad autónoma no debía ser autorizados por ninguna Conselleria, el decreto dice ahora lo contrario.
El secretario de Política Autonómica del PSIB, Cosme Bonet, ha acusado al Govern de arremeter "contra la autonomía local" con el proyecto de decreto y ha pedido al Govern que retire la ley y el decreto que la desarrolla y ha anunciado que, si no se atiende esta solicitud, presentará alegaciones en contra del nuevo desarrollo legislativo que publica el BOIB porque lo que hace es "complicar todavía más su aplicación".
El líder de MÉS per Mallorca, Biel Barceló, ha asegurado que el Consell Consultiu "tumbará" el proyecto de decreto que desarrolla la Ley de Símbolos y detalla su aplicación porque "aún restringe aún más el derecho fundamental a la libertad de expresión" que la normativa de la que deriva.
