La Audiencia de Palma ha condenado a penas de entre 8 meses y 3 años y 7 meses de prisión a los doce acusados por el presunto desvío de fondos públicos a través del consorcio Turisme Jove en la legislatura 2003-2007 que aceptaron los cargos en el juicio y se mostraron conformes con las penas solicitadas.
La sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Palma ratifica la conformidad manifestada por los acusados con la pena solicitada para ellos por la Fiscalía Anticorrupción en el juicio por el caso Turisme Jove que se celebró el pasado noviembre.
Los acusados han sido condenados por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, fraude a la administración, falsedad, falsedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas en el marco de dicho consorcio público.
La pena más elevada, de 3 años y 7 meses de prisión, multa de 11.000 euros y el comiso de otros 42.500, es para el ex jefe de servicios de Turisme Jove, Juan Francisco Gosálbez, que confesó los hechos, colaboró con la justicia y reparó parcialmente el perjuicio causado.
El exdirector general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, que confesó los hechos y colaboró en su esclarecimiento, ha sido condenado a 3 años de prisión e inhabilitación absoluta por 20 años.
El exgerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, que también admitió parcialmente su intervención en algunos delitos, ha sido condenado a 3 años de cárcel, 42 de inhabilitación, una multa de 100.000 euros y el comiso de otros 35.000.
La Sección Primera de la Audiencia considera que Gosálbez, Gálvez y Amengual idearon y planificaron lo delitos de malversación y llevaron a cabo actos materiales "decisivos y nucleares" como resoluciones y decisiones administrativas que permitieron las malversaciones, las prevaricaciones y los cohechos cometidos por toda la trama.
Los demás acusados son empresarios y constructores, así como la pareja de uno de los principales encausados, condenados a penas que oscilan entre los 8 meses y 1 año, 1 mes y 15 días de prisión, así como multas de entre 1.600 y 4.000 euros. Dos de los empresarios podrán sustituir sus penas de prisión por multas.
La sentencia fija también cuantiosas indemnizaciones y devoluciones al Consorcio de Turisme Jove y la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ).
