Los clubes náuticos privados de Balears temen que los navegantes más modestos se vean literalmente obligados a sacar sus barcas del mar. Su preocupación tiene origen en el proceso con el que el Govern presidido por José Ramón Bauzá pretende privatizar durante este mismo año la gestión de los últimos 17 puertos públicos que le quedan. Y no es tanto que la privatización disguste de partida a los empresarios y gestores de los clubes de las islas, como que quieren que "esta vez" se haga "bien", "no como pasó con Calanova". Con ese ejemplo se refieren al concurso que el año pasado puso la escuela de vela en manos privadas, pero imponiendo un canon y unas actuaciones en el puerto que han llevado al concesionario a duplicar los precios, expulsando de paso a gran parte de los usuarios de los amarres hasta entonces públicos.
Así que, según el gerente de la Asociación de Clubes Náuticos de Balears, Rafael Palmer, la clave de la privatización está en el precio que pagarán los actuales usuarios públicos (menos de 2.000 euros al año en la inmensa mayoría de los casos). "No estamos contra la privatización, siempre que se tengan en cuenta las circunstancias de cada puerto y de sus amarristas. Hay que tener en cuenta que en esos amarres (los de los 17 puertos públicos del Govern) la mayoría son embarcaciones de esloras pequeñas, cuyos propietarios no se pueden permitir en muchos casos tarifas altas".
Recuerdan con ello los gestores de clubes náuticos que este tipo de muelles públicos, en los que hay 1.482 embarcaciones amarradas, están copados por llaüts y embarcaciones pequeñas de aficionados que llegaron a la náutica no tanto a través del dinero como de la tradición familiar y la pasión por el mar. Por eso desde los clubes privados piden que se proteja a estos usuarios, privatizando si se quiere, pero en condiciones que permitan mantener precios muy similares a los actuales.
¿Se hará? En manos de la Conselleria de Turismo del Govern esté. Hace unos meses, cuando se privatizó la gestión de Calanova, el entonces conseller Delgado y su director general de Puertos, Antonio Deudero, aseguraron que no supondría perjuicio alguno para los usuarios, aunque la realidad es que la mayoría o se han ido o están a punto de hacerlo al no poder soportar los nuevos precios. Ahora es un nuevo conseller, Jaime Martínez, el encargado de gestionar un proceso que afecta a 17 puertos, 1.482 amarres recreativos y 166 embarcaciones de pesca, cuyo negocio dependerá en gran medida de las tarifas que se fijen tras la privatización.
LAS CLAVES: LA PRIVATIZACIÓN
17 puertos públicos y 1.482 amarres serán gestionados por empresas privadas
La privatización con la que el Govern pretende que las marinas públicas dejen de costar dinero a todos los baleares supondrá que 17 muelles y 1.482 amarres pasen a ser gestionados por empresas privadas. La titularidad de los muelles seguirá siendo pública. Los puertos de Mallorca afectados son los de Andratx, Banyalbufar, Valldemossa, Sóller, Pollença, es Barcarès, Cala Rajada, Cala Bona, Portocristo, Portocolom, Portopetro, Cala Figuera, Colònia de Sant Jordi y s´Estanyol. El temor de los usuarios es que la privatización eleve precios que ahora nunca superan los 2.000 euros al año, acercando la náutica a bolsillos modestos.
