Jaume Matas, el expresidente del Govern, pretende que se queden sin efecto las medidas cautelares que el juez José Castro le impuso para evitar que pudiera huir.

Después de dejar sin efecto la fianza de tres millones de euros que le impuso el magistrado tras declarar por el sospechoso aumento patrimonial que tuvo mientras estuvo en política, Castro impuso a Matas su comparecencia periódica en los juzgados. Matas ha cumplido a rajatabla durante los últimos tres años la orden del juez. Suele comparecer en el juzgado de guardia más próximo a su domicilio. Sin embargo, ahora pretende que esta medida cautelar se revoque. La defensa de Matas así lo ha pedido en un escrito que ha entregado en el juzgado de instrucción número 3. El abogado recuerda que su cliente se ha presentado cada vez que ha sido citado a declarar por el magistrado y que no hay ningún motivo para sostener en estos momentos que existe el peligro de que pueda huir. Por ello, pide que se anule la orden que le obliga a comparecer en determinadas fechas ante las autoridades judiciales.

Se da la circunstancia de que no solo Matas se presenta en el juzgado de guardia por orden del juez Castro, sino que lo hace también porque así lo ha determinado la Audiencia de Palma. La pasada semana el tribunal decidió suspender el ingreso del expresidente del Govern en la cárcel mientras se tramita el indulto que ha solicitado al Gobierno, para evitar cumplir en prisión la condena por el delito de tráfico de influencias. Sin embargo, los jueces acordaron que Matas se presentara mensualmente en un juzgado de guardia y le advirtieron que si no lo hacía podría quedar sin efecto la decisión de suspender su ingreso en prisión.

Por otra parte, el exconseller de Cultura del Govern Matas, Francesc Fiol, también ha pedido al juez Castro que se levante su imputación en la pieza sobre el proyecto del arquitecto Santiago Calatrava. El Govern, a través de la conselleria que dirigía Fiol, decidió la contratación directa y sin concurso público de Calatrava para que diseñara un gran palacio de la música en la bahía de Palma. Se le pagó 1.200.000 euros, procedentes de fondos públicos que teóricamente debían destinarse a la construcción de nuevos centros educativos, por unos planos generales del proyecto y por una maqueta donde aparecía el diseño arquitectónico de la ópera.

Fiol prestó declaración hace ya tres años como imputado cuando todavía era diputado y defendió su actuación en este caso. Es la segunda vez que pide al juez que levante su imputación.