Cumplir una promesa electoral o retroceder en el tiempo en cuanto a conquistas sociales. La nueva ley del aborto, que en su nomenclatura oficial es de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, genera, como no podía ser de otra manera, posturas muy contrapuestas entre las mujeres de uno u otro partido político.

Entre las filas del PP la mayoría la defienden apoyándose en la línea argumental del partido (que hace hincapié en la protección al no nacido frente a todo) aunque algunas prefieren no opinar por el momento. En el otro extremo, las féminas de la oposición no ocultan su indignación ante lo que creen que es un triste retroceso en el tiempo y una pérdida de derechos para las mujeres.

La consellera de Administraciones Públicas, Núria Riera, es de las que no es esconde y lo dice sin ambages: "Yo soy totalmente provida y estoy de acuerdo con la nueva ley". Argumenta el porqué: "Defiende la vida del no nacido y también protege a la madre en en los supuestos de que su vida corra peligro y de violación". La consellera insiste en que valora que "se prime y se respete el derecho a nacer". Respecto a las madres que puedan tener problemas económicos para mantener un hijo, y hablando también de las familias con dificultades en general, Riera consideró que es trabajo de todos "ayudar a estas personas y ser solidarios entre todos, y más precisamente en estas fechas", concluyó.

La presidenta del Consell, Maria Salom, también se pronunció a favor de la reforma y rechazo la idea de que sea demasiado restrictiva. Se aferró al programa electoral: "Era un compromiso del PP y los compromisos están para cumplirlos", sentenció.

La diputada ´popular´ Aina María Aguiló defiende la nueva regulación de la interrupción del embarazo al ser "una ley demandada". Recuerda que un millón de personas se manifestaron cuando el gobierno socialista aprobó la antigua ley del aborto y que el PP, ganador de las últimas elecciones con mayoría absoluta, llevaba esta reforma de la norma en su programa. Asimismo, Aguiló indica que la protección del nasciturus ya está recogida incluso en el Código Civil. Otras miembros del PP, como Margalida Durán, presidenta del Parlament, eludieron pronunciarse sobre la normativa por el momento a la espera de que se apruebe definitivamente en el Congreso de los diputados (no fue la única).

Por su parte, Francina Armengol, secretaria general del PSIB-PSOE y la diputada de Més, Fina Santiago, coinciden al considerar la nueva ley "un retroceso de 30 años" que "nos aleja de los países de nuestor entorno". Para Santiago, cuya indignación es imposible de ocultar, con esta ley España se pone a la altura de países en los que se trata a las mujeres "como ciudadanas de segunda categoría".

Para ella es "vergonzoso" que lo que antes era "una prestación sanitaria" pase a considerarse "un delito", una situación que cree fruto de la "imposición moral de unos cuantos a todos". Tacha al PP de hipócrita ("Seguro que hay mujeres militantes del partido que han abortado", asegura) y advierte de que las mujeres seguirán abortando: "Las que puedan, en el extranjero; y las que no, de forma clandestina". Armengol señala que nunca pensó que el PP "se atrevería a algo así sin ningún debate previo" y consideró que se ha de luchar desde la política y las asocaciones feministas.