Las tensiones en torno a la empresa promotora de UGT-Balears se producen en un momento en el que la imagen de los sindicatos se encuentra especialmente deteriorada, fruto de los controles que se están realizando en torno a los fondos públicos que se destinaban a formación -en los que también aparecen implicadas las patronales- y más concretamente por los graves problemas que la UGT está teniendo en Andalucía.
En este sentido, cabe recordar que el Govern balear ha confirmado que se están revisando las ayudas otorgadas para la formación de desempleados, y que se reclaman cantidades que superan el millón de euros tanto a este último sindicato como a la patronal CAEB.
El administrador de Habitatges i Serveis de ses Illes Balears admite que esta coyuntura agrava el "nerviosismo" existente entre los acreedores, a la hora de cuestionar el que finalmente se les vayan a pagar las cantidades pendientes.
Sin embargo, en el documento presentado por estos proveedores, con el que pretendían instar el concurso necesario de la citada promotora, se explican otras causas que han intensificado esa falta de confianza.
En concreto, se subraya que la empresa propiedad de UGT "no ha formulado ni presentado cuentas anuales, incumpliendo así la obligación prevista" en la legislación.
Igualmente, se afirma que "los bienes de la entidad demandada se encuentran gravados con diferentes embargos, según consta en la información publicada por el Registro de la Propiedad", y que "la situación de insolvencia de la entidad demandada se deriva de la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones y de la paralización de la actividad".
