La jueza Carmen González, instructora del caso Dirieba, de supuesto blanqueo de dinero de la mafia rusa en España, decretó en la madrugada de ayer el ingreso en prisión del presunto cabecilla de la trama, el ruso Alexander Ivanovich Romanov, de 50 años, y su mujer, Natalia Vinogradova. También decretó la prisión provisional para su abogado, A.J.S., si bien podría eludirla si deposita una fianza de 100.000 euros. Los otros cinco detenidos en la operación de la Guardia Civil quedaron en libertad provisional, con la prohibición de abandonar el país.
En su larguísima deposición, Romanov, asistido por el letrado Llorenç Salvà, negó todos los cargos que se le imputan. El ciudadano ruso, que aparentaba estar muy tranquilo, aseguró que el dinero que había invertido en la compra y reforma del hotel Mar y Pins de Peguera y de la lujosa mansión en la que reside procede de negocios legales en su país, y que lo había traído a España mediante transferencias bancarias perfectamente registradas.
La mayor parte del interrogatorio al que fue sometido por la jueza, que se prolongó durante más de diez horas, versó sobre las actividades presuntamente delictivas que habría llevado a cabo en su país. Los investigadores de la Guardia Civil sostienen que su fortuna derivaría de actividades ilícitas perpetradas por la organización criminal Taganskaya, y que Romanov habría utilizado la compra del hotel de Peguera y su larguísima reforma para blanquear dinero. Junto al supuesto cabecilla de la organización, los investigadores sitúan a su mujer. Y en estas actividades contarían con la ayuda de A.J.S., abogado propietario de un céntrico bufete de Palma, un asesor fiscal y los dos propietarios de la empresa construtora que lleva a cabo las reformas, un ruso y un joven español. En la operación fue detenido también el suegro de Romanov, que vive en su casa de Peguera, y una empleada del presunto mafioso.
Tras tomar declaración a los ocho acusados, la jueza González decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza de Romanov y su mujer. La jueza consideró determinante el elevado riesgo de fuga de la pareja.
También se decretó la prisión para el abogado, que podría eludir con el pago de una fianza de 100.000 euros en el plazo de cinco días.
El resto de los detenidos quedaron en libertado con cargos. La jueza les prohibió que salieran del país y les impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la presentación cada quince días en las dependencias del juzgado de guardia.
