La conselleria de Educación está intensificando su control sobre los colegios e institutos y sus equipos directivos para asegurarse que se está aplicando correctamente el proyecto del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL); una reforma educativa que según una encuesta de la Assemblea de Docents no se está aplicando en la mitad de los centros educativos. En este proceso tienen un papel crucial los directores, que son los representantes de la Administración en los centros y por ello suponen los responsables de que en ellos se aplique la normativa dictada desde Educación. Los tres directores de Maó que siguen expedientados desde julio son la prueba de ello.

Desde el sindicato CCOO y tal y como han denunciado desde varios centros educativos de la isla, los equipos directivos están recibendo de sus inspectores nuevas instrucciones, de forma oral, sobre distintos procedimientos del claustro y del consejo escolar, como la aprobación del proyecto lingüístico o de la programación general anual (PGA). Cabe recordar que más de un centenar de claustros y consejos escolares no han aprobado su PGA (un documento obligatorio de cada curso, que este año incluye el TIL) para expresar su rechazo al modo en que la Conselleria está llevando a cabo la aplicación del trilingüismo. Asimismo, según la Assemblea, un 63% de consejos escolares han votado en contra de su proyecto TIL.

Según CCOO se pide que el voto de los profesores en los consejos escolares sea nominal; que el secretario tome nota de quién vota en contra y de por qué. Además, desde Educación se transmite continuamente el mensaje de que los funcionarios han de aplicar la ley y que por ello los directores deben votar a favor de los proyectos lingüísticos que planteen, aunque no estén de acuerdo por cuestiones pedagógicas u organizativas (por falta de recursos, por ejemplo).

Instrucciones solo de palabra

Desde el sindicato defienden que los docentes tienen derecho a votar en secreto y que el voto nominal solo se contempla en la ley general electoral, que no se aplica en el ámbito docente. Sostienen además que instar al secretario a tomar nota de quién vota a favor o en contra puede ser contrario a la ley de régimen jurídico y procedimiento administrativo. Por ello, ven lógico que no se tenga constancia de que estas instrucciones estén por escrito. En cualquier caso, insisten que los profesores tienen derecho a votar en contra del proyecto lingüístico o de la PGA y precisan "la no aprobación de la PGA solo puede traer consecuencias a los directores". Para el sindicato, la estrategia de Educación es "utilizar el miedo y la coacción".

El curso pasado decenas de centros ya dejaron sin aprobar la PGA y Educación optó por obligar a los directores a aplicar "provisionalmente" el programa aunque no tuviera el visto bueno (requisito obligatorio por ley) del consejo escolar.