Tanto la fiscalía como la defensa de los tres funcionarios que han sido juzgados hoy por la supuesta contratación arbitraria de una traductora para el Govern en julio de 1998 han apuntado a instancias superiores como las responsables de ese contrato, con ocasión de este juicio derivado del caso Mapau.
Los tres funcionarios de la Comunidad Autónoma juzgados hoy son los únicos acusados que quedan pendientes después de que la mayor parte de la causa fuera sobreseída.
La investigación se centró en las supuestas irregularidades en el empadronamiento para las elecciones autonómicas de 1999 con el propósito de captar votos de emigrantes para el PP censando en Formentera a ciudadanos argentinos y uruguayos.
Maria de la Pau Segura fue contratada en el Instituto Balear de Desarrollo Industrial (IDI) pero, tal como ha relatado uno de los testigos que ha declarado hoy, empleado en la dirección general de Promoción Comercial, "simulaba que trabajaba para el IDI pero realizaba entre otras funciones (...) captar votos de emigrantes mallorquines para las elecciones que se avecinaban".
El fiscal Julio Cano ha pedido una condena de 3 años de cárcel para los tres funcionarios por falsedad documental en esta causa que ha considerado parte de uno de los casos más graves de corrupción investigados en Baleares.
Cano ha lamentado la ausencia de arrepentidos que hubieran permitido enjuiciar a los verdaderos responsables de este caso de corrupción en el que ha señalado que "los peces gordos están en el mar" y los pequeños acusados.
El fiscal ha destacado la labor desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción y que se haya producido un cambio en la ciudadanía, que ha dicho "basta" a determinados fenómenos, algo que ha sido refrendado por la Audiencia de Palma al dictar jurisprudencia innovadora en casos de corrupción en los últimos años.
El abogado de los funcionarios encausados, Eduardo Valdivia, ha pedido la libre absolución y ha recalcado que lo juzgado hoy "no es la causa del caso Mapau, sino un fleco que por avatares procesales y empecinamientos jurídicos ha conducido a este juicio oral", en el que los verdaderos responsables políticos del contrato doloso no se han sentado en el banquillo.
Para explicar el caso, Valdivia se ha referido a la película "El Padrino", cuyo anagrama muestra una mano que maneja los hilos de unas marionetas.
Los tres funcionarios juzgados han dicho que no conocían a Segura ni tenían ningún interés en contratarla, si bien han reconocido su firma tanto en el acta de la reunión en la que se convocó la plaza de traductora (el mismo día que ya se publicaba la oferta en los medios), como en otra donde certificaron que habían entrevistado a la aspirante y que era apta, un encuentro que nunca pudo tener lugar porque la candidata estaba en Argentina.
La ex directora general de Promoción Industrial Rosa Grijalba ha reconocido su firma pero ha dicho no recordar cuándo firmó, ni quien le presentó los documentos para firmarlos y ha negado haber recibido ninguna orden directa del entonces presidente del Govern, Jaume Matas, para contratar a la traductora.
El secretario del consejo de dirección del Instituto Balear de Desarrollo Industrial (IDI) Juan Fortuny ha recordado que un técnico del IDI que no ha podido precisar le pidió que firmara toda la documentación. "Me dijeron 'tenéis que firmar esto porque quieren contratar a esta chica rápidamente', me quedó grabado por todo el proceso", ha señalado.
"A nosotros nos tomaban para legalizar algo, estábamos legalizando un deseo que no era nuestro, ni de la gente del IDI pero no pensé nunca que estaba firmando una cosa falsa", ha añadido este funcionario jubilado.
El tercer acusado, el jefe de servicio de la dirección general de Promoción Industrial, Ángel Gallego, también ha negado haber recibido órdenes para contratar a Segura. "Si las hubiera recibido, lo diría y lo habría dicho desde el principio, pero a mí no se me dijo nada", ha afirmado.
Maria de la Pau Segura ha explicado en el juicio que había trabajado para Presidencia del Govern, que se quedó sin trabajo y que envió su curriculum para optar a la plaza convocada por el IDI y la admitieron.
Ha negado tener constancia previa de que habría esa vacante, y ha asegurado que no conocía al entonces presidente Matas y que no habló con él "nunca". EFE
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