El president del Govern, José Ramón Bauzá, aprovechó ayer su discurso en el acto oficial de celebración del aniversario de la Constitución para apostar por la "unidad de España", a la vez que sostuvo que esta no es posible si no se respeta el concepto de "solidaridad" entre las Comunidades Autónomas. Sin embargo, dejó claro que ese "esfuerzo" de solidaridad implica un equilibrio que no se cumple en el caso de las islas. "Balears son y quieren seguir siendo solidarias, pero también es necesario un reparto equitativo, justo y transparente", dijo Bauzá quien exigió que "se revisen las aportaciones de todos y de las comunidades autónomas en particular".

"El actual sistema de financiación es injusto y no debe perdurar", insistió el president poco después de afirmar que, dentro de la "unidad de España" hay "17 maneras de ser español", en referencia a las comunidades autónomas, y que los elementos diferenciadores de cada una deben ser respetados, pero "no cometer el error de erigirlos en mecanismos de exclusión".

Junto a ello, definió a la Constitución como "una historia de éxito y afirmó que los "valores" que la hicieron posible están "más vigentes que nunca". No obstante, consideró que ni la Constitución ni los estatutos de autonomía garantizan por sí sólos el éxito. "La gestión eficaz, seria y honesta de los asuntos públicos es el mejor instrumento de cohesión social", dijo el jefe del Ejecutivo, quien defendió el trabajo y el esfuerzo diario. "Yo creo en la política de hechos", resaltó asegurando que es ésta la que está llevando a Balears por el "buen camino hacia la recuperación" económica.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Teresa Palmer, defendió ferreamente las medidas más polémicas del Gobierno central y del Govern. Así, ya casi desde el principio de su intervención advirtió de que esta se centraría en "la solidaridad, la educación y el derecho de reunión", tres de los "pilares" de la Carta Magna.

Palmer afirmó que la Constitución es "el cimiento de la unidad de España" que "no se entiende sin la necesaria solidaridad de todos los pueblos y rincones del país". Añadió que este principio de solidaridad permitió a España "crecer como país" y " no puede verse dilapidada por movimientos extemporáneos, ajenos a la realidad y que van en contra del rumbo mayoritario de Europa".

Utilizó el concepto de "solidaridad" para entrar en el ámbito de la educación que, a su juicio, "ha sido utilizada en muchas ocasiones por personas o grupos que pretenden dividir más que sumar mientras nuestros hijos están situados en la cola europea en formación". Estas palabras apuntaban directamente al rechazo que ha provocado en muchos ciudadanos el TIL y a la LOMCE, las dos leyes educativas impulsadas por el Govern y el Gobierno central respectivamente, que "están legitimados para hacerlo" al haber ganado las elecciones. Según dijo, tanto la LOMCE como el TIL "defienden el castellano como lengua vehicular de la enseñanza" y "lengua común" del país, mientras que las "lenguas cooficiales, como el catalán propio de Balears, son fuente de riqueza, pero nunca como fuente de separación o exclusión".

En cuanto al derecho de reunión, defendió el polémico anteproyecto de ley de seguridad ciudadana afirmando que no afectará a "este derecho fundamental" y que "sólo los violentos o aquellos que perturben la convivencia ciudadana pueden sentirse afectados por los cambios propuestos".