La fiscalía anticorrupción, el Govern balear y el PP que ejercen la acusación en el caso Palma Arena deberán decidir si formulan cargos contra el exgerente de esa fuerza Fernando Areal y el publicista Miguel Romero.
El juez en el auto dictado ayer atribuye a ambos cinco presuntos delitos: uno electoral relacionado con otro de falsedad de documento oficial; uno de malversación de caudales; otro de malversación, vinculado a otro de falsedad de documento mercantil.
El siguiente paso, una vez formuladas las acusaciones, es decretar la apertura de juicio oral.
El auto de ayer es susceptible de ser recurrido ante la Audiencia de Palma, apelación que muy probablemente presentarán los dos encausados.
La actual Ley de Régimen Electoral castiga con penas de 1 a 4 años de prisión a los administradores de partidos que falseen las cuentas electorales por cualquier medio o
artificio.
