El Consell de Mallorca, gobernado por Unió Mallorquina (UM), pagó, entre 2000 y 2006 más de 3,2 millones de euros a un militante de ese partido, el empresario Alfredo Conde, para poner en marcha y gestionar la radio pública insular Ona Mallorca. Conde firmó varios contratos con el Consell de Mallorca, pese a que Hacienda le vetó para participar en concursos públicos por tener deudas con ella y la Seguridad Social.
La fiscalía anticorrupción está trabajando en el escrito de acusación de una pieza separada del caso Maquillaje que versa sobre Studio Media Comunicació (SMC), la empresa de Conde que consiguió la adjudicación en el año 2000 para poner en marcha y explotar Ona Mallorca.
Además de Conde, en esta pieza separada aparecen imputados Maria Antònia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca; los exconsellers de esa institución Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer y Bartomeu Vicens; así como los exaltos cargos Antoni Moragues y Miquel Àngel Grimalt.
Studio Media Comunicació era propiedad de Conde y de su esposa Elisabet Diéguez, ambos testaferros de Bartolomé Vicens y amigos íntimos de éste.
Vicens, abogado de profesión, cobró 9.000 euros de SMC por consejos legales.
Según anticorrupción, la productora fue creada a propósito para explotar ONA Mallorca, pero al poco tiempo de su puesta en marcha ya incurrió en la prohibición legal de contratar con administraciones, debido a que no estaba al día en el pago de sus impuestos.
La empresa de Conde dejó de pagar el IVA en 2003 y también se atrasó en la liquidación de ese impuesto de los ejercicios siguientes.
En diciembre del 2003 SMC adeudaba 114.572 euros a la Agencia Tributaria y 113.006 euros a la Seguridad Social.
El fiscal está analizando todas las irregularidades que se han detectado en el expediente de contratación de la productora. Anticorrupción sostiene que si Studio Media logró esta concesión de la radio pública fue por las buenas relaciones de amistad que Alfredo Conde mantenía con los políticos de UM.
Anticorrupción sostiene que Maria Antònia Munar, como presidenta del Consell, era la responsable máxima de que no se cometieran estas irregularidades en la contratación. Sin embargo, se le acusa de "tolerar, consentir y permitir" la adjudicación a esta empresa, porque "favorecía a personas próximas a su partido y esfera de actuación política".
Grimalt y Moragues, antiguos directores generales insulares del Consell, de participar en la tramitación irregular de los contratos.
