La polémica Ley del Suelo balear, que incorpora la posibilidad de legalizar viviendas construidas en suelo rústico no protegido, pasará hoy su primer trámite parlamentario con el rechazo por parte del PP de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Més, para quienes el texto favorece la "especulación urbanística" y "tiene indicios de inconstitucionalidad", según afirmó ayer el portavoz adjunto del grupo socialista, Vicenç Thomàs. El portavoz del Més, Biel Barceló, se expresó en el mismo sentido y criticó duramente la "amnistía urbanística" a los infractores. Frente a ellos, la popular Virtudes Marí rechazó que se tratara de una "amnistía urbanística" y sostuvo que la posibilidad de legalizar construcciones en las que el delito ya ha prescrito supone una medida "valiente" para "afrontar la realidad".

Vicenç Thomàs consideró que la Ley impulsada por el Govern supone facilitar la "edificación en rústico", además de marginar a los consells insulars, que tienen las competencias en esta materia. Biel Barceló, por su parte, resaltó que se trata de una Ley que "no responde a las necesidades" de Balears sino que "busca consolidar el modelo que defiende el Govern" para urbanizar más territorio. La "amnistía urbanística" es, a su juicio, un ejemplo de esta intencionalidad que además provocará "agravios" a quienes han cumplido con la legalidad y a los ayuntamientos que han hecho cumplir la normativa urbanística.

La popular Virtudes Marí rechazó estas acusaciones y recordó que la posibilidad de legalización no incluye a las edificaciones en terrenos protegidos. Destacó que en los otros casos la realidad es que esas edificaciones se encuentran construidas y que, al haber prescrito la infracción, ya no se puede actuar contra ellas, mientras que con esta iniciativa se podrán regularizar si sus propietarios pagan los permisos y una sanción. "Negar la realidad es lo que habíamos hecho hasta ahora", sostuvo Marí quien recordó que Ley contempla esta posibilidad pero que será cada consell insular el que decidirá si la aplica, por lo que se respeta las competencias de las instituciones insulares.

Este asunto será uno de los más relevantes del pleno del Parlament que estará marcado, además, por la petición de explicaciones al Govern por cuestiones como la polémica de las "listas negras" de trabajadores del IDI, respecto a la cual la oposición realizará varias preguntas al Ejecutivo incluyendo la que dirigirá Biel Barceló directamente al president José Ramón Bauzá. Vicenç Thomàs preguntará por los motivos por los que Bauzá y Antonio Gómez, vicepresidente del Govern, eligieron como gerente de IB3 a Borja Rupérez, en la actualidad preso por su implicación en el atraco a la abuela de su mujer.

Gómez, además, deberá explicar si el Govern ha adoptado medidas para recuperar los fondos públicos malversados en casos de corrupción, una cuestión por la que será interpelado por Més, cuyo portavoz afirmó ayer que "el PP no ha roto con su pasado". En este sentido, Barceló declaró que, en lo que se refiere por ejemplo al caso Scala, Bauzá "tenía la oportunidad" como líder del PP balear de "devolver de inmediato los fondos públicos malversados por su partido, pero no lo hizo hasta que no tuvo la sentencia definitiva", cuando "no ha tenido más remedio". Por ello consideró que su actitud "no ha sido ejemplificadora".

Además, el PSOE pedirá de nuevo en el pleno de hoy la dimisión de la consellera de Educación, Joana María Camps, quien "por decencia debería irse a su casa" por su gestión del TIL y el desconocimiento que ha demostrado.