La sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazó ayer imputar a los diputados autonómicos valencianos Francisco Camps y Rita Barberá, expresidente de la Generalitat y alcaldesa de Valencia, respectivamente, como dos de los jefes políticos del entramado de desvío de fondos públicos de Nóos. El auto del Alto Tribunal confirma la existencia de una presunta trama, pero emplea argumentos donde se exculpa a los responsables políticos que trataron con Iñaki Urdangarin, incluido Jaume Matas.

La consecuencia práctica de la decisión del TSJCV es que el caso Nóos seguirá en manos del juez José Castro y no habrá dos juicios: uno en Valencia y otro en la Audiencia de Palma.

El Alto Tribunal tenía que decidir si veía indicios de que Camps y Barberá incurrieron en los delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales, fraude a la Administración, prevaricación y falsedades, como sostenían la fiscalía anticorrupción y el juez Castro. En caso afirmativo, la sala de lo Civil y de lo Penal tenía que haberse pronunciado por asumir la parte valenciana del caso Nóos o todo el sumario, incluidos los presuntos delitos cometidos en Mallorca y Madrid.

Abrir una puerta

Según el auto, Camps y Barberá se reunieron con el duque de Palma y Diego Torres (probablemente en La Zarzuela) para hablar de la celebración en Valencia, y pagados con fondos públicos, de unos foros sobre turismo y deporte, los Valencia Summit. Los dirigentes del PP "abrieron una puerta" al yerno del Rey para organizar esos seminarios, pero, según el tribunal, fueron otros altos cargos y funcionarios los que autorizaron los convenios con Nóos y propiciaron los eventos.

El auto califica esos encuentros entre Camps y Barberá de entrevistas de cortesía o protocolarias, forzadas por la pertenencia de Urdangarin a la Familia Real y por su prestigio en el mundo del deporte.

Sobre los Juegos Europeos, por los que Urdangarin cobró 380.000 euros por organizar unas competiciones que nunca se hicieron, el TSJCV admite que la decisión política de apoyar al duque de Palma partió del president Camps en 2005, "siguiendo a partir de ahí su curso administrativo".

Este argumento beneficia a Matas, que siempre se ha desmarcado del devenir administrativo de sus actuaciones políticas.