El fiscal del Tribunal Supremo lo tiene claro. Munar cometió un delito de corrupción al pagar una subvención pública, con fondos del Consell de Mallorca, a una empresa de la que ella era propietaria, a través de un testaferro, por unos programas de radio que no se emitieron. Y por ello el fiscal sostiene que la sentencia que dictó la Audiencia de Palma, que condenó a Munar a cinco años y medio de cárcel, debe ser confirmada en su totalidad.

El Supremo, presidido por el magistrado Carlos Granados, celebró ayer la vista en la que se expusieron los argumentos de las defensas, que solicitan la nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia de Palma en el llamado caso Temp d´Esport.

El primero en tomar la palabra fue el letrado Jaime Campaner, defensor de Alfredo Conde, que criticó los argumentos de la sentencia. El letrado cree que el tribunal se equivocó al calificar el delito, por lo que pidió que se subsanara este error.

El letrado José Zaforteza, defensor de Miquel Nadal, también se quejó de que el tribunal condenara al exvicepresidente del Consell sin ninguna prueba, salvo su propia declaración. Aunque reconoció que Nadal era accionista de la productora Video U, junto a Maria Antònia Munar, afirmó que en ningún momento conoció que los programas de radio que fueron subvencionados con fondos públicos no llegaron nunca a emitirse. Defendió el letrado que no se podía vincular la compra de las acciones con las subvenciones.

Margalida Sotomayor, la exjefa de comunicación del Consell de Mallorca, condenada a cinco años de cárcel por haber tramitado la subvención a la productora, también pidió a través de su abogado la nulidad de la sentencia. El letrado se quejó de que el tribunal de Balears dictó una condena sin ningún tipo de pruebas.

José Antonio Choclán, el abogado de Munar, se quejó de que la única prueba que se utilizó para condenar a la expresidenta del Consell fue la declaración de Nadal, en la que explicó el episodio de la entrega del dinero en el coche oficial, situación que ella negó que se hubiera producido. "No basta que la declaración de un coacusado (Nadal) que sirve de elemento probatorio sea racional, sino que debe presentar una total certeza" que, a su juicio, en este caso no existía. En este mismo sentido, el letrado afirma que los jueces solo utilizaron los trozos de la declaración de Nadal que les interesó, sin tener en cuenta en ningún momento la versión que expusieron los conductores del Consell, que aseguraron que el día que se produjo la hipotética entrega del dinero, el vehículo oficial no realizó ningún servicio público. "Ha sido condenada sin pruebas, de una forma arbitraria, irracional e ilógica", insistió Choclán, que afirmó que la presidenta del Consell no tenía ningún deber de vigilar el destino de las subvenciones públicas que se entregaban.

La defensa denunció también que Munar fue condenada por delitos por los que nunca fue acusada por el fiscal.