Después de olas de tinta sobre el alquiler de viviendas y sus efectos sobre la economía local, la conselleria de Turismo sale al paso con datos oficiales propios. Para el departamento de Carlos Delgado, el número de viajeros que arrienda viviendas no se acerca ni de lejos a las cifras expuestas por los grupos empresariales interesados en potenciar esta actividad. En total, 1.557.627 personas recurren en Balears a este tipo de alojamiento. Entre el 9 y el 12,4% de los visitantes que acuden cada año a las islas.

Para completar la radiografía del turismo residencial, a este porcentaje hay que sumar los que se hospedan en casas de familiares y amigos, en segundas residencias en propiedad y los que llegan para combinar trabajo y vacaciones (por ejemplo, tiqueteros). Entre todos, dice la Conselleria tras cruzar las encuestas oficiales existentes, representan al 31% de los viajeros -el resto pernocta en establecimientos hoteleros-. Muy lejos del 44% que esgrimen la Cámara de Comercio y la oferta complementaria -bares, restaurantes, salas de fiestas, supermercados, campos de golf y atracciones turísticas-, que abogan por permitir el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares. El alquiler de temporada en pisos y apartamentos está permitido, siempre y cuando haya contrato de por medio según la ley de arrendamientos urbanos (LAU) y las viviendas no se comercialicen en portales de internet susceptibles de ser considerados ´turísticos´. Dos requisitos que se incumplen en muchas ocasiones desde hace décadas.

Como ya ocurriera con los hoteleros, la Conselleria no quiere oír ni hablar de la regularización del alquiler en plurifamiliar. Lo dejó bien claro Carlos Delgado el pasado viernes tras reunirse con varios alcaldes y presidentes de consells. El director general de Turismo, Jaime Martínez, percibe más inconvenientes que ventajas en su expansión. "No es un turismo desestacionalizador. Se concentra sobre todo en los meses de verano y contribuye a sobresaturar los recursos y las infraestructuras de las islas", arguye. Martínez duda, por decirlo con suavidad, de que los dueños cumplan sus deberes con Hacienda. "No tenemos constancia de que que toda esta oferta se ampare en la LAU y pague impuestos como toca".

También alerta ante los conflictos de coexistencia que ocasionaría su generalización: "Es un ataque directo al descanso del residente y la convivencia vecinal". Al tiempo, advierte de una distorsión del mercado de la vivienda en alquiler: "Dificultaría el acceso a familias y trabajadores de zonas turísticas". Y lo que resulta más grave, a juicio de Jaime Martínez: Entraña un "cambio de modelo turístico" donde dejan de primar "los aspectos de calidad definidos en la Ley de Turismo. Se genera un desequilibrio al no exigir a esta oferta un ratio turístico (un máximo de clientes por espacio), ni la necesidad de eliminar plazas para crear nuevas y se suprimiría el concepto de unidad de explotación (evita la mezcla usos en un mismo edificio)". De facto, aduce el director general, los ayuntamientos y los consells perderían su potestad para definir qué suelo se guarda para viviendas de residentes o al turismo. Este último aspecto podría conllevar un aumento del precio de los pisos para la población local.

Para Jaime Martínez, los 1,5 millones de turistas que recurren al alquiler podrían hospedarse en las viviendas ya legalizadas (cerca de 9.500), y cuya tipología se amplió con la Ley del Turismo de Balears a adosados y unifamiliares en rústico.