Unas 62.000 viviendas de alquiler para turistas han sido condenadas a la ilegalidad tras los cambios normativos introducidos por los gobiernos de Balears y Madrid. Esta cifra aparece en un informe elaborado por la asociación Aptur-Baleares, que aglutina a propietarios particulares y gestores de casas, apartamentos o pisos de temporada.
El presidente de Aptur en las islas, Juan Estarellas, reclama la regularización de estos alojamientos después de ingresar en la clandestinidad con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) -entró en vigor en junio- y la Ley del Turismo de Balears, aprobada el año pasado. Ambas normas hacen pinza contra los alquileres inferiores a dos meses, que pasan a ser regulados por la legislación autonómica. En Balears impera la ley impulsada por el conseller de Turismo, Carlos Delgado, quien, espoleado por el sector hotelero, alumbró el texto más restrictivo del país. En las islas solo se pueden vender estancias turísticas de corta duración en viviendas unifamiliares o pareados -apartamentos y pisos están prohibidos-. El comercializador debe garantizar la limpieza periódica de la vivienda, ropa de cama, menaje de la casa, mantenimiento de las instalaciones y un servicio de atención al público en horario comercial.
Juan Estarellas sostiene que los gobiernos central y autonómico han sumido en la ilegalidad un negocio que representa el 42,7% de las estancias de viajeros en la Comunidad (41,1 millones de pernoctaciones). La Conselleria, en cambio, reduce el impacto del turismo residencial al 15% del total, aunque la encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) fija en un 24,6% el porcentaje de visitantes hospedados en alojamientos no reglados (2,5 millones de personas).
"La regularización de estos establecimientos permitiría una recaudación de ingresos adicionales a la Administración y daría una cobertura jurídica a todos aquellos profesionales que actualmente actúan fuera del marco legal", afirma el presidente de Aptur-Baleares.
La mayoría de pisos, apartamentos y casas no regladas se publicitan en internet. Solo la firma estadounidense Homeaway, líder a nivel mundial, actúa como intermediario en 6.782 viviendas mallorquinas. Las hay en todos los lugares -en la costa, centro de Palma, en rústico- y pertenecen a particulares, que redondean los ingresos familiares, o a empresas. Un industrial escandinavo, explica Juan Estarellas, gestiona un millar de viviendas en Mallorca. Si la persecución de este tipo de alquileres se desarrolla sin cortapisas, los inspectores se llevarán sorpresas morrocotudas, pronostica el representante de Aptur. "Me consta que hay hoteleros y miembros del Govern y del PP con apartamentos turísticos", asevera Estarellas.
"Estas viviendas se van a aseguir alquilando porque hay demanda para ello. No puedes decirle al turista que se vaya de la isla, sobre todo en verano, cuando los hoteles están llenos. Este invento [el alquiler en temporada] es de los hoteleros, que compraron apartamentos para hacer frente a sus overbookings", apostilla.
La prohibición del arriendo de pisos por particulares ha abierto la batalla entre los empresarios de las islas. Por un lado, los hoteleros, que han encontrado en el conseller Carlos Delgado el principal garante de sus intereses. El presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, Aurelio Vázquez, defiende las restricciones impuestas por Turismo. De lo contrario, augura un incremento "inasumible" de visitantes, un recorte en el gasto medio que realizan las personas que viajan a Mallorca, un incremento de la economía sumergida y una sobrecarga sobre el medio ambiente y las infraestructuras del archipiélago.
En el otro bando se sitúan una amalgama de actividades bajo el epígrafe ´oferta complementaria´, donde se citan salas de fiestas, restaurantes, bares, supermercados, campos de golf y atracciones turísticas. En opinión de estos empresarios, reunidos bajo el paraguas de la Cámara de Comercio, el alquiler turístico de apartamentos resulta imprescindible para la economía de las islas y, renunciar a él, sería entregar buena parte del turismo balear a otras comunidades autónomas, como la catalana o la valenciana.
Los hay que hacen un análisis de este asunto en clave política, como el presidente de la asociación de promotores de las islas, José Luis Guillén. Argumenta que la lucha contra el arriendo de pisos perjudica a los propios votantes del PP.
Entretanto, la preocupación crece entre los propietarios, especialmente en Palma y el norte de Mallorca. Alternativa per Pollença, principal partido de la oposición en esa localidad, ha denunciado una campaña del Govern contra esta actividad que afecta a la convivencia en muchas comunidades de propietarios del municipio.En un comunicado, la formación política advierte de que muchos vecinos de Pollença tienen como una fuente importante de sus ingresos este tipo de arrendamiento.
