El Govern se ha visto obligado a rectificar el texto de la polémica Ley de Símbolos, tachada de "inconstitucional" y que "atenta contra la libertad de expresión" por el Consell Consultiu. La portavoz del Govern y consellera de Administraciones Públicas, Nuria Riera, se negó a ofrecer ayer el nuevo texto del artículo 4 de la norma censurado por el Consultiu.

La Ley de Símbolos fue impulsada por la conselleria de Presidencia para intentar acabar con los lazos reivindicativos en favor del catalán en los centros docentes. La consellera Riera, después del duro varapalo del Consultiu, admitió ayer en la rueda de prensa del Consell de Govern que se rectificará la norma y será remitida al alto órgano jurídico para que la evalúe. La portavoz aseguró que el objetivo del Ejecutivo "es defender la libertad de expresión". Riera añadió que se ha "reformulado el texto, pero se continúa con la misma filosofía de evitar la politización", en claras alusiones a impedir la colocación de los lazos en favor del catalán.

Riera explicó que los servicios jurídicos del Govern han realizado un informe técnico sin entrar en "valoraciones políticas". Ante la insistencia de los periodistas para que revelara el nuevo texto, la portavoz del Govern volvió a su guión: "Nuestra voluntad es la de controlar la posible politización en edificios públicos y ello se mantiene en el nuevo texto de la Ley de Símbolos".

Se le insistió a Nuria Riera en que será difícil que el Consultiu avale un nuevo texto si mantiene la misma filosofía de la autorización previa del Govern para colocar símbolos en los edificios públicos. La portavoz del Govern zanjó el tema emplazando a esperar al nuevo dictamen del alto órgano jurídico. La consellera de Administraciones Públicas, conselleria que emitió un duro informe contra la norma, avanzó que el nuevo texto de la Ley de Símbolos también será consensuada con la Abogacía de la Comunidad Autónoma. Los letrados del Govern no emitieron ningún informe sobre el anterior borrador.

Riera confirmó que la continuidad del Consultiu está garantizada, pese a las intenciones de Madrid de reducir órganos.

Por otra parte, el Consell de Govern acordó ayer la modificación del plan estratégico de subvenciones de las conselleries y entidades de derecho público dependientes de 2013, para incorporar tres nuevas líneas de ayudas, dotadas con 1.357.000 euros, destinadas a fomentar la energía solar fotovoltaica y eólica.

Nuria Riera aprovechó la rueda de prensa posterior al Consell de Govern para recordar que el Ejecutivo de José Ramón Bauzá ha reducido a la mitad su deuda con los proveedores. Indicó que cuando llegaron al Consolat de Mar, hace justo dos años, se encontraron con una deuda de 1.600 millones. En la actualidad quedan pendientes de pago 832 millones.