El grupo de delincuencia económica de la Policía Nacional está investigando, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, posibles irregularidades durante la pasada legislatura en la gestión de IB3, controlada entonces por la extinta UM. En concreto se investiga, a raíz de una denuncia, posibles amaños en los contratos que acordó el entonces director general del ente, Antoni Martorell, para emitir la Fórmula 1, una operación que resultó ruinosa para las arcas de la televisión autonómica y que, además, fue un fracaso de audiencia.

Martorell siempre fue reacio a aclarar lo que había costado la Fórmula 1, un asunto por el que fue interrogado en el Parlament en varias ocasiones por el PP, entonces en la oposición. El entonces responsable del ente se escudaba en la existencia de una cláusula de confidencialidad para ocultar este dato, aunque se apuntaba a un coste de unos 12 millones de euros.

La operación se fraguó cuando la Sexta se hizo con los derechos audiovisuales del mundial de Fórmula 1, que hasta entonces tenía Tele5. En 2008 trascendió la opción de compra que tenía IB3 sobre los derechos autonómicos de emisión. En realidad, no se trataba de un bocado tan suculento como pretendía transmitir la dirección del ente. La Sexta había ligado la posibilidad de que IB3 emitiera los partidos de futbol en abierto de primera división a que aceptará también la Fórmula 1, lo que elevaba considerablemente la cantidad que debía desembolsar el ente. De hecho, Tele5 había rechazado pujar por la señal de la Sexta al considerar que la inversión podía escapar a "cualquier criterio de rentabilidad", teniendo en cuenta los precios pagados por Mediapro Imagina.

En 2009, IB3 sufrió un fuerte recorte presupuestario, que pasó de cien a sesenta millones de euros, lo que provocó, entre otras medidas, la limitación de la retransmisión del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 para el año siguiente. En enero de 2012, la Liga de Primera División y la Fórmula 1 cayeron definitivamente de la parrilla de la televisión autonómica.

Martorell dejó la dirección del ente en junio de 2010 y fue el último cargo de UM en dimitir después de que en febrero de aquel año los uemitas fueran expulsados del Pacto de Progreso por la acumulación de casos de corrupción. El propio Martorell está imputado en una pieza del caso Voltor, por la presunta contratación irregular de trabajadores cuando era el jefe de prensa, en la legislatura 2003-2007, de la exlíder de UM, Maria Antònia Munar, que entonces presidía el Consell de Mallorca.