El diccionario real y oficial de la lengua favorita del president Bauzá, el español, define como “incompetente” al que carece de “aptitud o idoneidad para hacer algo”. Y entre los nombrados a dedo de su Govern hay unos cuantos que se ajustan cual guante a la definición académica. Son minoría, una gota de incompetencia en un mar de cargos perfectamente capacitados y cualificados para lo que hacen, pero son. Y los contribuyentes pagan un buen pico por ellos. En total el Govern y sus empresas cuentan 245 altos cargos y asesores, nombrados a dedo con una receta habitual en las democracias occidentales: elegir entre los ideológicamente afines a personas formadas y experimentadas en un puesto como el que van a ocupar. Eso se cumple en el 90% de los asesores y trabajadores eventuales de este Govern. Pero hay excepciones.
Y sonadas. Dos de los casos más ruidosos de cargos y asesores de a 46.283 euros el año cuyo currículum no se adapta a su puesto los han leído en los últimos días. El más publicitado fue el nombramiento como secretaria personal del presidente de una joven de currículum brillante para su edad (25), pero casi carente de experiencia laboral, desnuda de formación de secretaria, y ajena al imprescindible manejo exhaustivo del Govern que exige un cargo hasta hoy siempre ocupado por pesos pesados con décadas de trayectoria. Se llama Verónica Hernández, es periodista de carrera recién comenzada, y el público la conoce por un mérito o fortuna que algunos afean como demérito: atesorar belleza suficiente para lograr el título de Miss Balears (con el voto de Bauzá y otros admiradores).
El segundo y más reciente ejemplo es el enchufe en la Conselleria de Economía como asesor de un hombre de carrera destacada, talla intelectual notable y bonhomía suficiente como para ser el único miembro de este Govern que se ha demostrado capaz de disculparse por un error, pero que no tiene ninguna experiencia ni formación ligados a la economía. Pese a ello, y pese a la patada con la que el president le sacó del Govern, se ha plegado a volver al redil y al generoso pesebre de 46.283 euros más dietas que alimentarán sus cuentas a cambio de aconsejar sobre una materia en la que es curricularmente incompetente. Se trata del exconseller de Educación Rafael Bosch, bregado gestor escolar al que Bauzá relegó para poner en su lugar a una agente inmobiliaria y abogada. Otra incompetente de definición académica, como confesó ella misma en la toma de posesión: “Sé de educación lo que cualquiera”, certificó Joana Camps, frase que pasaría desapercibida si no fuera porque es la máxima responsable de educación, materia que desconoce y de la que depende el futuro de los jóvenes baleares.
Alimentando duplicidades
¿Es realmente la consellera una perfecta incompetente? Según ella no, porque no hace falta saber de educación y cultura para llevar Educación y Cultura (el argumento también es de ella). Y Bosch, ¿es como asesor de Economía un completo incompetente? Según el Govern no, porque Bosch sabe mucho de ciencia, de formación para el mercado laboral y de innovación ligada a la universidad, talento que le permitiría, según peregrina argumentación oficial, ayudar a Joaquín García, el muy competente conseller de Economía, a desarrollar sus planes orientados a salir de la crisis por esas vías. ¿Para qué sirve entonces el director general de Innovación y Desarrollo Tecnológico? Pues para lo mismo que Bosch. ¿Y la directora general del SOIB, máxima responsable de formación para el mercado laboral? Pues para lo mismo que Bosch. ¿Y el director general de Universidad, Investigación y Transferencia de Conocimiento? Para lo mismo que Bosch. ¿Y el de Innovación y Formación Profesional? Para lo mismo que Bosch. ¿Por qué está entonces ahí Bosch? Pues para cobrar 46.283 euros y aportar triplicidades de esas que Bauzá prometió eliminar.
Y en situación similar está la que fuera jefa de gabinete de Bosch, Ana María Rodríguez, aguerrida servidora a la que algunos recordarán porque la emprendió a collejas con un grupo de alumnos que se coló en su despacho. Fue purgada con Bosch en la remodelación de hace un mes, para ser inmediatamente recolocada en Hacienda como asesora. Es la conselleria más técnica, pero ella aterriza allí con una especialización en Turismo. ¿Llega pues para hacer turismo fiscal? Pues no, dicen en Hacienda: “Es muy valida”, está a la altura de un puesto desde el que se centrará en algo que trabajó asiduamente, las relaciones con el Parlament, donde, por cierto, cobran ya dinero de todos 14 asesores del PP.
¿Hay más casos? Unos cuantos. Otro de los que ruborizan a propios y extraños puede observarse en la nueva consellería de Familia, en la que han puesto a Sandra Fernández, una consellera tan perfectamente preparada para el cargo, que puede permitirse el lujo de nombrar de asesor a un absoluto incompetente en materia de asuntos sociales: Rafael Nicolau, antiguo patrón mayor de la cofradía de pescadores de Portocristo, jubilado hace unos meses, y desde ahora asesor técnico de la conselleria de Familia. Quizá sea porque tiene una, aunque lo importante es la consecuencia: 46.283 euros públicos irán al bolsillo de un exjubilado, repensionado por un Govern del mismo PP que planea recortar las pensiones presentes y futuras a todos. Y no es un caso aislado: hay otro exjubilado de 67 años, Antoni Durà, enchufado en similares circunstancias en Fogaiba. ¿Qué aportará Nicolau? Pues el conocimiento de la tercera edad que implica ser parte de ella. Aunque lo hará desde la distancia: el Govern le permitirá que acuda a Palma solo de cuando en vez, mientras dedica su tiempo a relacionarse (y buscar votos) entre jubilados de Manacor.
Incompetentes de cuota
No es el único que trabaja poco y desde la distancia. Algunas llevan haciéndolo tiempo. Ahí tienen a la directora del Institut de la Dona, Manuela Messeguer, que ha logrado un consenso sin par entre los colectivos feministas, que coinciden en denunciar su incompetencia para un cargo de 53.000 euros al año al que dedica solo el tiempo que le deja su puesto de regidora de Sant Llorenç. ¿Alguno más? Cuenten un digitado político por pueblo grande: una de las recetas de Cañellas y Matas que Bauzá no se ha atrevido a tocar impone que localidades como Llucmajor, Calviá, Algaida, Manacor, Inca o Porreras tengan cargos, aunque sea a costa de colocar en ellos a gente sin el currículum preciso. Es el caso de Messeguer (Sant Llorenç), sí, pero también el de Ana María Rodríguez (Santa Margalida). O el de otro nombramiento reciente que es pura incompetencia curricular: el Consorci de Transportes de Mallorca lo lleva ahora Rafael Oliver, un señor que perdió las elecciones en Algaida y carece de experiencia de gestión. De hecho, su relación más estrecha con el transporte es mirar bajos de autobuses desde su puesto de inspector de la ITV.
De vuelta a los asesores, es sencillo encontrar situaciones de escasa relación entre el puesto y la experiencia o formación de quien lo ocupa. Por ejemplo, para ayudar a la consellera de Educación que no sabe de educación, Bauzá ha puesto a Juan Domínguez, un fiscalista que hasta ahora se batía el cobre como asesor en la Conselleria de Administraciones Públicas. Allí estaba como pez en el agua, porque ha bebido euros de casi todas las fuentes públicas: fue delegado de Matas en Menorca, cargo del Consell de Menorca y portavoz insular, así que al menos podrá enseñar a su consellera a comunicar sus méritos, en vez de confesar su incompetencia para el cargo.
Le costará lograrlo. Sobre todo porque llega a una conselleria más especializada en obras que en colegios. No en vano, la jefa de gabinete de la consellera Camps es Irene Durán, que es funcionaria, estuvo en el gabinete de Obras Públicas con Matas y su metro submarino, y hasta ahora coordinaba Administraciones Públicas. Así que de educación no sabe un pimiento, pero es competente, opinan en el Govern: un jefe de gabinete es el brazo ejecutor de su conseller, alguien que ha de conocer todos los resortes. Y los conoce. Como lo hacen la inmensa mayoría de los contratados a dedo por Bauzá, el presidente que menos asesores políticos tiene. Y aún así gasta al año en ellos 8,5 millones (entre los 55 del Govern y los 128 de empresas públicas). ¿Mucho? Lo que cuesta el Rey. O dinero como para pagar 405.000 radiografías como la que se le negó a Alpha Pam, el senegalés que murió de algo curable porque el Govern se puso austero con él.
La contención se relaja
Nada más llegar, el president que prometió no convertir su Govern en una agencia de contratación para luego hacer lo que todos sus predecesores, autorizó dos asesores por conselleria, dos responsables de comunicación, un jefe de gabinete y un secretario general. “Es lo justo para poner en marcha una conselleria”, dicen en el Govern. Aunque hay excepciones. La más clara es Agricultura, única conselleria con dos secretarios generales, con la peculiaridad añadida de que allí el problema no es tanto que los nombrados no sepan de qué va la vaina, sino que saben demasiado: la nómina de cargos y asesores de la conselleria está controlada por la misma camarilla del PP desde hace tres décadas.
Es el caso de liberales de tertulia de sobremesa que luego saltan de sueldo en sueldo público, como Jaime Olascoaga, tan habituado al cargo que circula con su todoterreno particular con una placa reservada a vehículos oficiales. Antes de eso fue despedido por el Pacte con una indemnización de 120.000 euros que le sacó de Ibabsa, empresa pública veterinaria que dirigió desde su fundación en 1995. Similar indemnización cobró otro de los de la cuadrilla, Lorenzo Rigo, exgerente de Semilla, la empresa pública que reparte las ayudas al campo. Desde allí pagaba ayudas a las empresas familiares del que hoy es su jefe y entonces llegó a ser su empleado: el conseller de Agricultura, Gabriel Company. El círculo es perfecto: el que ayer cobraba ayudas hoy ayuda con cargos públicos de a 50.000 euros por barba. Hoy por ti, mañana por mi. Paga el contribuyente.
