El pacto alcanzado entre Bartomeu Vicens, exconseller de Ordenación del Territorio por Unió Mallorquina (UM) en el Consell de Mallorca, y la fiscalía anticorrupción para una reducción de penas a cambio de información no afecta al llamado caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), una presunta trama de corrupción en torno a recalificaciones urbanísticas millonarias.
Vicens acaba de sellar un acuerdo con anticorrupción para declararse culpable y confesar su intervención en otras supuestas tramas, como la de Can Domenge o la de la fallida sede de la Televisión de Mallorca en Son Puig, esta última pendiente de investigar.
El exdirigente ha conseguido ver reducida su condena máxima por todos los casos de corrupción donde esta imputado. Vicens es uno de los expolíticos mallorquines con más casos pendientes, puesto que, además de los citados, aparece implicado en Son Oms, Maquillaje y otros, como la financiación ilegal de UM.
El caso PTM se inició en 2007 con una denuncia de los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach. La fiscalía anticorrupción cuantificó en 297 millones de euros (casi 50.000 millones de pesetas) el alcance de los pelotazos (plusvalías) obtenidos por un grupo de promotores que compraron fincas rústicas recalificadas como urbanas.
Los fiscales acusaron a un grupo de dirigentes de Unió Mallorquina (UM) y Partido Popular (PP) de facilitar a varios empresarios amigos información privilegiada sobre las llamadas áreas de reconversión territorial (ART), la formulada usada por la presunta trama para dar los pelotazos. No se descartó que los promotores hubieran dado sobornos a los políticos a cambio.
El tráfico de influencias habría tenido lugar entre 2003 y 2004 y los fiscales centraron especialmente su atención en tres ART: la número 10.3, que correspondía a la desaparición de los hoteles Don Pedro (Pollença) y Rocamar (Sóller) y que generaba el trasvase de plazas hoteleras a varias fincas de Sa Ràpita (Campos); la 10.5, donde, a cambio de adaptar una antigua vaquería en centro de interpretación del Salobrar de Campos se consiguió una urbanización para viviendas plurifamiliares y uso hotelero en 35,2 hectáreas del mismo Campos en su lado Este; y la 10.6 el traslado de unos aprovechamientos urbanísticos de Alcúdia a la finca Son Crever de Marratxí.
El juez Florit archivó provisionalmente el caso en noviembre del 2010 por falta de pruebas.
