El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha citado a declarar a 25 nuevos testigos en el marco de esta causa, entre quienes se encuentra el expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart, después de que así lo solicitase el exjefe del Ejecutivo balear Jaume Matas con el objetivo de acreditar la trascendencia social, económica y política que tuvieron los dos Illes Balears Forum celebrados en Palma en 2005 y 2006, y por los que el Instituto Nóos percibió 2,3 millones de euros públicos.
Según el auto que el magistrado ha dictado este viernes, varios de ellos han sido emplazados a comparecer en los Juzgados de Via Alemania los días 11 y 12 de junio, mientras que ha librado distintos exhortos a los Juzgados de Valencia, Madrid y Barcelona para que fijen las fechas de cara a la práctica de los interrogatorios. Con estas declaraciones, la defensa de Matas quiere aclarar el sistema de fiscalización y control de la legalidad que ejerce la Comunidad Autónoma, y más en concreto determinen si se produjo algún tipo de ilegalidad en relación a los anteriores convenios.
El abogado del exministro, Antonio Alberca, cursó esta petición mediante un escrito en el que solicitaba además al juez que indague en torno al convenio de colaboración suscrito en 2008 para que el artista mallorquín Miquel Barceló realizase una obra pictórica en la cúpula del Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, cuyo coste ascendió a unos 20 millones de euros, a fin de compararlo con los foros sobre turismo y deporte que sufragó el Govern de Matas.
Mediante un extenso escrito, el letrado reclamaba además que el magistrado requiriera al Ejecutivo el convenio suscrito entre la Administración balear, Sa Nostra y la Fundación Onuart por el que fue encargado el proyecto al pintor, y que el abogado considera "una prueba más de la utilización de la figura del convenio de colaboración por el Govern balear". Una diligencia que, no obstante, ha sido este viernes denegada por el juez, si bien ha incorporado a la causa documentación relativa a los foros.
Al margen de Gaspart, también han sido citados a declarar para el próximo día 11 de junio el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) Josep Oliver, la gerente de esta entidad, Isabel Guitart, la fundadora de Imagine Tourism Consulting Ana Bartolomé Greenwood y el catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Eugeni Aguiló, todos ellos en calidad de testigos.
Ya un día después, serán interrogados también como testigos, entre otros, varios profesores de la UIB, el vicerrector general de la Comunidad Autónoma, y el exdirector general de Presupuestos y Planificación Antonio Valdivieso.
Cabe recordar que al primero de los eventos la Administración autonómica destinó 1,2 millones de euros mientras que por el segundo abonó 1,1 millones. Se da la circunstancia de que el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.
Así, entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.
Es más, un informe policial incluido en el sumario revela cómo Nóos destinó, con cargo a los 2,3 millones que recibió del Govern, más de 88.700 euros a costear billetes de avión y estancias de hotel cuya ubicación y relación con los foros se desconoce, así como a sufragar numerosos billetes de transporte ferroviario a pesar de que éstos "no parecen propios de ningún tren que circule por Baleares".
Es más, el informe incluye facturas anteriores y posteriores a la firma de los convenios para la celebración de los foros mientras que otras se refieren a billetes de avión cuyo origen y destino no se conoce, están relacionadas con el evento Valencia Summit o hacen referencia a estancias de hotel en Valencia y Londres.
Sin embargo, sobre estos eventos, la defensa de Urdangarin presentó un extenso dictamen jurídico con el que intentó avalar que los convenios rubricados por Nóos con el Govern no estaban sujetos a la contratación pública, de forma que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el Ejecutivo de Matas como contraprestación. Responden así, según el informe, a la legalidad vigente cuando se suscribieron.
