El ex director de Promoción Industrial, Kurt Viaene, ha admitido hoy haber cobrado comisiones y haberle entregado hasta 100.000 euros en metálico y en sobres al exconseller balear de Comercio, Josep Juan Cardona (PP), en la trama del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB).

En la primera jornada del juicio oral por esta trama de corrupción a la que se atribuye el expolio de 8,27 millones de euros entre los fondos públicos saqueados, los sobrecostes de contratos amañados y las comisiones cobradas entre 2003 y 2007, quince de los dieciocho acusados han admitido la culpabilidad en los delitos de los que les acusa la fiscalía y a uno más se le ha retirado la acusación.

Solo el exconseller Cardona y un presunto testaferro no han aceptado las acusaciones del ministerio público. Preguntado por la presidenta del tribunal, Francisca Vidal, al inicio del juicio, Cardona ha aseverado: "declaro ser inocente".

El exconseller de Comercio, Industria y Energía se enfrenta a una petición de pena de 21 años de cárcel y una multa de 7,5 millones de euros por siete delitos: asociación ilícita, malversación de caudales públicos, delitos continuados de cohecho, prevaricación y falsedad documental por funcionario y en documento mercantil, así como fraude a la administración.

Aunque varias de las conformidades de los acusados se han producido a lo largo de la instrucción de esta causa, la del exdirector general de Promoción Industrial ha tenido lugar hoy, cuando ha entregado un escrito al tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma en el que admite haber cobrado comisiones en efectivo de los proveedores contratados por el CDEIB.

También ha confesado haber sido consciente de que se manipulaban expedientes para contratar siempre a los mismos proveedores, haberse aprovechado de ello "aceptando la percepción de comisiones" y haberle entregado sobres con dinero en efectivo de dicha procedencia al exconseller Cardona.

"Yo personalmente le entregué a lo largo del período 2003-2007 en unas cinco ocasiones sobres que contenían dinero y que me fueron entregados por Antonia Ordinas (exdirectora del CDEIB) a tal efecto. Las cantidades que contenían los sobres eran aproximadamente 20.000 euros cada uno", señala Viaene en el escrito.

El que fuera número dos de Cardona ha asegurado que el exconseller ejercía un "férreo control" de todas las actividades de la Conselleria y del CDEIB y siempre tenía la última palabra en cualquier actuación.

Para Viaene, defendido por el abogado Gaspar Oliver, la Fiscalía ha pasado de pedir 20 años de prisión y 7,5 millones de multa a 5 años y 10 meses y 703.600 euros de sanción.

También ha admitido los hechos la tercera principal acusada, la exdirectora del CDEIB, Antonia Ordinas, en cuyo domicilio se halló enterrada durante un registro la famosa lata de Cola-Cao con 360.000 euros de dinero malversado.

Ordinas ha colaborado en la investigación de los hechos y ha devuelto dinero durante la fase de instrucción, por lo que su petición de pena ha pasado de 7 años de prisión y una multa de 1,05 millones a 4 años y 2 meses y 503.600 euros.

En conjunto, con el nuevo escrito de la Fiscalía tras las conformidades de quince acusados, la petición provisional de penas de cárcel baja de 114 años y 6 meses a 51 y 9 meses, y las multas de más de 19 millones a 9,38 millones.

Sin embargo, la responsabilidad civil solicitada se ha incrementado por parte de la Fiscalía y alcanzará unos 11 millones de euros, ya que el fiscal Juan Carrau pide la expresa declaración de nulidad de todos los actos administrativos investigados, con "las cantidades íntegras de los fondos públicos comprometidos", dice en su escrito.

Carrau considera que aunque alguna de las empresas o personas acusadas haya soportado costes económicos para desarrollar los contratos con el CDEIB, no puede imputar esos gastos a las arcas públicas porque eran consecuencia de una actividad delictiva.

El otro acusado que no se conforma con la pena solicitada es Jaime Julio Fernández Abad, supuesto testaferro, que es el marido de Daniela Francisca Beaumont, que fue secretaria de Ordinas.

Además hay otros dos acusados, Jaime Gil y Francisco García, que se conforman en relación a la solicitud de pena de prisión, pero no en la multa de responsabilidad civil al haber aumentado las cuantías.

El juicio continúa mañana con el interrogatorio a Antonia Ordinas.