El PSOE denunció ayer que la revisión de las valoraciones de dependencia realizadas desde el pasado agosto por decisión del Gobierno del PP ha dejado sin la prestación que percibían a 480 dependientes de Balears, donde un 40 % de las personas con derecho reconocido no cobran ninguna ayuda.
La responsable de Política Social del PSOE y exministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, criticó en Palma que los ejecutivos central y autonómicos del PP se "están cargando" la Ley de Dependencia, mientras que la líder del PSIB, Francina Armengol, acusó al Govern de Bauzá de "desmantelar el Estado del bienestar".
Según Jiménez, a partir de la reforma del pasado mes de julio, se han revisado las valoraciones de dependientes "moderados" y han sido "expulsados del sistema" 480 baleares, el 3 % de las personas con dependencia reconocida en el archipiélago.
A juicio de la exministra, este hecho evidencia la "falta de sensibilidad" del PP respecto a quienes más necesitan la protección pública, especialmente en una época de crisis en la que la demanda de ayudas sociales a los ayuntamientos ha crecido un 200 %, pese a lo cual el Gobierno casi ha suprimido los fondos para esta finalidad.
En la misma línea, Francina Armengol, recordó que el Govern balear recortó los presupuestos para cubrir las ayudas a los dependientes en un 26 %, además de suprimir este año la partida para la concertación de plazas en residencias asistenciales e introducir tasas de 20 euros para la revisión de las declaraciones de dependencia.
"Somos la tercera comunidad en que peor se aplica la Ley de Dependencia", incidió la líder del PSIB, quien ha cifrado en 6.670 las personas que tienen reconocido el derecho a percibir una prestación pero no la están cobrando.
Para Armengol, la "política totalmente desfavorecedora para las personas que tienen necesidades especiales" que aplica el Govern de Bauzá se pone en evidencia también en los recortes que sufre la sanidad pública.
En este ámbito, Jiménez abundó en que el PP está destruyendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo con la reducción de prestaciones, la imposición del copago para el acceso a medicamentos y a determinados servicios y la exclusión de los inmigrantes irregulares de la asistencia gratuita. A juicio de la dirigente socialista, es evidente que el objetivo del Gobierno es favorecer la incorporación de empresas a la gestión sanitaria, porque "hay un negocio muy fuerte detrás de la privatización de los hospitales".
