Nóos fue una trama organizada para delinquir. Así lo cree el juez José Castro, que atribuye "una actividad delictiva premeditada" al Instituto Nóos, entidad que considera que fue creada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres para acceder a fondos públicos, según afirma en el auto en el que les ha impuesto una fianza civil de 8, 2 millones.

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En el auto de 542 páginas, Castro justifica la imposición de la fianza de responsabilidad civil a Urdangarin y Torres porque crearon el Instituto Nóos para aparentar que no perseguían fines lucrativos y acceder así a fondos públicos mediante convenios.

El juez señala que el duque de Palma y su exsocio crearon la entidad porque si se presentaban mediante una compañía mercantil privada les estarían vedadas las opciones de acceder a financiación pública.

Al aparentar que no perseguían fines lucrativos, el instituto permitía además al duque de Palma y a su exsocio "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas", y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos públicos.

Castro considera además que los responsables de las administraciones públicas, de común acuerdo con los representantes de Nóos, tomaron decisiones administrativas "arbitrarias e injustas", que se adoptaron al margen de cualquier expediente administrativo para evitar obstaculizar la consecución ilícita de beneficiar a personas concretas.

Asegura, además, que hay "más que suficientes indicios de criminalidad" y de la comisión de cinco delitos por su parte. En concreto aprecia "indicios racionales" de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias de los que "podrían reputarse como autores" Urdangarin y Torres.

Por otra parte, el juez ha detallado numerosas irregularidades en los convenios firmados entre el Instituto Nóos y las administraciones públicas, que califica de "transgresiones palmarias" de la ley, en el auto en el que dicta la fianza para Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

El juez asegura que, al contrario de lo alegado por el duque de Palma y su exsocio, la entidad estaba presidida por un "desmedido ánimo de lucro" y "despachaba de cualquier manera" los encargos contratados mediante convenios con las administraciones públicas valenciana y balear, que se investigan por el presunto desvío de 6,1 millones de euros.

También afirma en el auto que tras aprovechar el parentesco de Urdangarin para captar clientes entre empresas privadas e instituciones públicas, el entramado societario de Nóos además cruzaba facturas entre sí para reducir la base de aplicación del impuesto de sociedades e incluso derivó al menos 420.000 euros el beneficio obtenido al paraíso fiscal de Belice.

El juez sostiene que Iñaki Urdangarin siguió siendo presidente "de hecho" del Instituto Nóos después de marzo de 2006, según avalan "innumerables" datos objetivos que figuran en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos a dicha entidad.

Castro considera que los datos que avalan que Urdangarin siguió siendo presidente de hecho de Nóos "se avienen mal" con la aparente desvinculación del duque de Palma de la entidad. El juez afirma que el yerno del rey "siempre estuvo participante activamente" en la administración de Nóos, algo que favoreció que los gestores de fondos públicos, conocedores de ese vínculo, siguieran negociando con la asociación.

Según Castro, si bien Urdangarin fue presidente de derecho de Nóos desde el 23 de septiembre de 2003 al 20 de marzo de 2006, "de hecho lo siguió siendo con posterioridad".

La abogada del Govern alega que los fondos desviados no eran del Ejecutivo

Por su parte, la abogacía del Govern, personado como parte perjudicada en el caso Nóos, alegaba, de cara a solicitar una fianza civil de 3,4 millones de euros frente a los 8,2 reclamados por la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias, que los fondos públicos de los que habría dispuesto ilegalmente el Instituto Nóos no eran de la Comunidad Autónoma sino de dos organismos dependientes de la misma: el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) y la Fundació Illesport.

Un argumento esgrimido por la abogada de la Comunidad Autónoma Mari Ángeles Berrocal al que el juez José Castro ha respondido mostrando su "sorpresa" por tratarse el Ibatur y el Illesport de dos organismos dependientes del Ejecutivo autonómico, y a través de los cuales fueron firmados dos convenios con Nóos para la celebración de dos foros sobre turismo y deporte (en 2005 y 2006), por los que el Ejecutivo balear abonó un total de 2,3 millones de euros.

"Se insiste en la sorpresa porque, hasta donde este proveyente [el juez] conoce y es de suponer que también debe conocer quien emite el informe", en referencia a la letrada Berrocal, "los fondos que manejan el Illesport y el Ibatur no son otros que los transferidos por el Govern balear", tal y como expone en el auto que ha dictado este miércoles para decretar una fianza civil de 8,2 millones de euros para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres.