Los jubilados también se están viendo duramente golpeados por la crisis económica pese a que las pensiones que reciben no han registrado recortes. Porque en su caso el problema no radica tanto en haber mantenido sus limitadas retribuciones, sino en el número de personas que dependen de ellas para subsistir. El paro y los desahucios han obligado a la gente mayor a volver a acoger a hijos y nietos, con un evidente deterioro de la calidad de vida que habían obtenido hasta ese momento. El resultado es que la ayuda social que solicitan se ha multiplicado, especialmente a lo largo del pasado año, según se destaca desde Cruz Roja y Cáritas, y se han visto obligados a suprimir actividades de ocio por no poder financiarlas, tal y como ponen de relieve los responsables de los centros de la tercera edad de las islas.
La directora de Intervención Social de Cruz Roja en las islas, Marta Soler, apunta un primer dato: los seis centros de día que gestiona esta organización se encuentran actualmente a un 85% de su capacidad, cuando antes de 2008 registraban una situación prácticamente de lleno total. Según los datos de la conselleria de Salud, el nivel medio en el conjunto del archipiélago fue de un 89% en 2011 para pasar a un 94% en 2012.
En cualquier caso, el análisis que se hace desde Cruz Roja es que muchos ancianos han dejado de acudir a los centros de día al haber quedado algún hijo en el desempleo y haberse hecho cargo de su cuidado. Eso tiene efectos económicos sobre las familias: se deja de pagar una parte de la pensión del mayor al centro de día, y al mismo tiempo se reclama una ayuda económica como cuidador contemplada en la Ley de Dependencia.
Aunque no se duda del interés de los hijos en cuidar a sus padres mayores, se advierte que quizás la atención que éstos últimos están recibiendo en estos momentos sea algo inferior a la que los profesionales habían dado hasta ese momento.
Petición de descuentos
Un segundo ejemplo de este impacto de la crisis en la tercera edad: ha crecido notablemente el número de personas que piden un descuento en las cuotas que abonan por acudir a un centro de día o por recibir algún servicio que conlleve un desembolso económico al estar subvencionado solo en parte por la Administración, según apunta Marta Soler. La causa no radica en un descenso de los ingresos, según se subraya, sino en un aumento de los gastos que el mayor debe de afrontar.
La explicación es bien simple: si antes vivían una o dos personas de la pensión, ahora la cifra se ha multiplicado al tener que ayudar económicamente en el mantenimiento de los hijos e incluso de los nietos. Ante este tipo de situaciones, la reducción de las cantidades a pagar es sistemáticamente aceptada. Estas solicitudes han registrado un aumento especialmente acentuado a lo largo del pasado año, según se apunta.
A ello hay que sumar otro factor: los desahucios han supuesto otro problema para los ancianos, como es la necesidad de acoger en su casa a hijos y a veces también a nietos, lo que implica situaciones de hacinamiento que se suman a la precariedad económica.
Los efectos para la tercera edad no se quedan aquí. Los problemas de tesorería que están teniendo las Administraciones públicas hacen que las ayudas a la dependencia se estén tramitando con enorme lentitud, con el fin de demorar el reconocimiento de estas obligaciones económicas. Este hecho ha provocado que en el último año se haya "duplicado" la petición de auxilio a aquellos servicios que sirven para paliar esa espera y que actúan como un "paso intermedio", como es la ayuda a domicilio complementaria, con voluntarios que acuden a la casa de la persona mayor a hacerle compañía o les acompañan al médico o a hacer la compra. Un aspecto a tener en cuenta es que estos voluntarios no sustituyen a profesionales, por lo que su actuación es limitada.
A lo expuesto Marta Soler añade otro dato: de las 10.000 personas mayores atendidas por sus servicios, alrededor de 2.000 solicitaron además algún tipo de prestación complementaria, como los paquetes básicos de higiene o de alimentación que esta organización facilita para aquellos casos de mayor precariedad económica.
A lo expuesto desde Cruz Roja se suma una percepción similar desde Cáritas. Los problemas de los hijos han terminado por afectar a los mayores, que han salido de centros de día o de residencias para pasar a quedar en casa al cuidado de familiares o de una persona contratada porque así el coste es menor y se puede aprovechar la pensión para sostener económicamente a más personas.
