La conselleria de Administraciones Públicas del Govern anunció ayer, por sorpresa, que quiere modificar la Ley 4/2011, conocida como Ley del Buen Gobierno. Cambian una veintena de los más de 50 artículos de la norma aprobada por el Pacto de Progreso y en la mayoría de ellos rebajan las medidas para dar transparencia y para controlar la gestión pública de la administración autonómica que preside José Ramón Bauzá.
En la exposición de motivos del texto propuesto, el Govern aduce que "las circunstancias socioeconómicas" y "mejorar la seguridad jurídica" son los dos motivos que les impulsan a cambiar la norma.
Lo cierto es que suprimen la obligación de informar sobre el patrimonio de altos cargos; la posibilidad de que el Parlament cite a consellers, directores generales y responsables de empresas públicas para que expliquen ante los diputados la idoneidad de sus nombramientos; o el compromiso de dar difusión pública a los contratos de obras entre 25.000 y 50.000 euros.
Asimismo, se elimina la necesidad de evaluar todas las intervenciones de la administración que superen los 5 millones de euros. Ahora quedará en manos del Consell de Govern decidir las actuaciones sometidas a informe.
Sin duda alguna, una de las modificaciones de mayor calado es la que hace referencia a la todavía no creada Oficina de Evaluación Pública. Se cambia el nombre por el de Oficina de Transparencia y Evaluación Pública, y tendrá como finalidad velar por la buena gestión y controlar el registro de intereses y de patrimonio de los altos cargos. Hasta el momento, su máximo responsable era designado entre el colectivo de funcionarios. Con la modificación del Govern Bauzá será elegido a dedo por los responsables políticos.
Desde el PSOE, la diputada Pilar Costa, denunció que la eliminación de los controles sobre el patrimonio de los altos cargos se produce "justo en el momento en que el president del Govern, José Ramón Bauzá, está siendo investigado por los tribunales por una presunta incompatibilidad de su cargo con sus negocios particulares".
Otro aspecto curioso es que se suprime la competencia que tenía la Oficina de Transparencia y Evaluación para difundir el patrimonio y las retribuciones de los altos cargos públicos que contemplaba la norma aprobada por el Pacto de Progreso.
Precisamente, esta modificación choca con los constantes intentos de los grupos de la oposición, en especial del PSM, de obtener la declaración patrimonial del president Bauzá. Una declaración que siempre ha sido negada por parte de los dirigentes del Partido Popular.
El nuevo redactado apunta: "El personal vinculado a la gestión de los registros en materia de incompatibilidades deberá cumplir con las obligaciones previstas en la normativa vigente sobre el secreto de las informaciones incorporadas a los registros y a la protección da datos personales". Según el PSOE, se trata de una modificación "hecha a medida" para evitar que la opinión pública tenga la información sobre el patrimonio del president del Govern.
El comunicado del Consolat de Mar argumenta que todo este tipo de medidas, que incluía la ley del Pacto, suponía un coste importante para las arcas públicas.
Por otra parte, otra de las modificaciones que introducen es la supresión de la obligatoriedad de publicar las subvenciones y convenios subscritos por el Govern en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Bastará con colgar la información en internet. De igual modo, alegando un elevado coste, también se elimina la posibilidad de procesos participativos por parte de la ciudadanía en la elaboración de proyectos de ley.
Dura crítica del PSOE
La socialista Pilar Costa lanzó una dura crítica contra las modificaciones de la Ley del Buen Gobierno. "El PP -apuntó Costa- realiza un ejercicio en contra de la transparencia, el control y la participación en el peor momento, ya que ahora es cuando la sociedad demanda una lucha más fuerte contra la corrupción".
