Las grandes superficies dejaron claro ayer al vicepresidente Económico, José Ignacio Aguiló, su oposición frontal al nuevo impuesto sobre estos establecimientos, con el que el Ejecutivo balear prevé recaudar 8,5 millones de euros el próximo año, y advirtieron que si el Govern no da marcha atrás estudiarán todas las medidas posibles para frenarlo, incluida la de recurrirlo ante los tribunales para que no se aplique. Tras reunirse ayer con Aguiló, los representantes de las grandes superficies declararon que el próximo encuentro lo celebrarán con el president del Govern, José Ramón Bauzá, en una fecha aún sin concretar, y que dependiendo de la respuesta que les de actuarán en consecuencia.
"Se agotarán todas las vías dentro de la legalidad para que no se aplique este impuesto", afirmó el presidente de la Caeb, Josep Oliver, al acabar ayer la reunión con Aguiló y su equipo de Vicepresidencia Económica. Oliver y los representantes de las grandes superficies afirmaron que este nuevo impuesto es "inasumible" y que su aplicación en el actual momento de crisis económico afectará negativamente al consumo, además de poner en riesgo puestos de trabajo en estas empresas.
En este sentido, el responsable de Eroski en Balears, Alfredo Herráiz, explicó que de acuerdo a un estudio elaborado por su empresa, de los 130 establecimientos con los que cuenta en las islas, 30 pasarían de tener beneficios a pérdidas si se aplica el nuevo impuesto, lo que supondría "el despido de 540 personas". Así, las arcas públicas "tendrían que pagar 7 millones al año en subsidio por desempleo" por estos trabajadores despedidos. "Significaría despedir a 540 personas que producen para mantener a 540 que no producen nada, que es el Govern y su staff", declaró Herráiz visiblemente enfadado con la postura de Aguiló.
Francisco García, responsable de Carrefour y delegado en Balears de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), afirmó que el Govern "está poniendo en peligro a todas las grandes superficies de las islas", como lo demuestra el que "ha conseguido lo que nunca antes se había logrado, que es unir a todos para oponernos a esta impuesto". En el encuentro de ayer estaban representados, además de Carrefour y Eroski, Alcampo, el Corte Inglés, C&A, Decathlon, Ikea, Leroy Merlin, Lidl, Festival Park, Hipercentro, Mercadona, Porto Pi y Toys ´R´ Us.
El Govern justifica el impuesto sobre las grandes superficies en el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta por la concentración de automóviles que se produce en ellas. En el caso de Mallorca, las grandes superficies (aquellas que ocupan más de 700 metros cuadrados) deberán pagar 6 euros por cada metro cuadrado hasta los 1.000. Entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados de superficie, pagarán 15 euros por metro cuadrado; entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados, 18 euros y a partir de esa extensión, 21 euros. A las zonas dedicadas a aparcamientos se les aplicará el 30 por ciento de estas cantidades.
César Pacheco, director general de Comercio y Empresa del Govern, consideró "lógico" que las grandes superficies se resistan a pagar este impuesto, pero recordó que la situación de las arcas autonómicas exige medidas. "Estamos pidiendo esfuerzos a todos los sectores para acelerar el ajuste del déficit, lo que permitirá sanear las arcas autonómicas y proteger la sanidad, educación y servicios sociales, que son necesarios para el futuro de Balears", afirmó.
