­El conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, aseguró ayer que el Ejecutivo autonómico está elaborando una "auditoría técnica para reorganizar las plazas de funcionarios". Con estas palabras, Gornés admitía la información publicada ayer por Diario de Mallorca donde se revelaba que el Govern preparaba el despido de 300 funcionarios interinos en sus consellerias.

Desde el Govern no quiere hablar del número concreto de empleados públicos que se pueden quedar sin empleo. El conseller Gornés argumentó: "En estos momentos, la auditoría técnica está en pleno proceso de elaboración y se hace muy difícil dictaminar las decisiones que podremos tomar al respecto". El máximo responsable de Administraciones Públicas del Govern añadió que cuando tengan "los datos objetivos del estudio se tomarán las decisiones que correspondan".

Según reveló ayer este periódico, esta semana concluía el plazo para que las distintas consellerias del Govern entregaran a la directora general de Función Pública, Maria Núria Riera, una relación pormenorizada de plazas ocupadas por personal interino y susceptibles de ser suprimidas. Los trabajadores sin plaza fija de los servicios generales podrían ser los primeros en verse afectados por la iniciativa del Govern. Las estimaciones apuntan a que la Comunidad Autónoma se podría ahorrar unos 9 millones anuales despidiendo a 300 funcionarios.

Indignación sindical

La reacción de los sindicatos de la función publica ha sido contundente. Tanto el STEI como UGT mostraron su indignación por las intenciones del Ejecutivo de Bauza de despedir a 300 funcionarios interinos. Pere Bueno, representante del STEI, aseveró: "No es de recibo que en tiempos de crisis que quiera adelgazar los servicios públicos. Creemos que hay otras vías para recortar, como por ejemplo el importante incremento que se ha experimentado en la colocación a dedo de empleados públicos". Bueno recordó que el Govern tampoco ha querido entrar en eliminar el complemento que tienen los funcionarios que han sido altos cargos políticos.

Por su parte, Jordi Crehuet, responsable de función pública de UGT, calificó las intenciones del Govern Bauzá de "cacicada". Crehuet aseguró que Bauzá "pretende que los recortes de Rajoy en Balears lo paguen los funcionarios". UGT anunció movilizaciones para evitar la reducción de funcionarios, ya que tienen constancia de que el PP ha aumentado los cargos de confianza. "No queremos que este Govern nos tome por el pito del sereno", apostilló el responsable de UGT.