La independencia de Cataluña implica recorrer un intrincado camino jurídico pero no tanto económico. El paso que esboza el presidente de la Generalitat, Artur Mas, destapa no solo una fractura con España, sino también una brecha en el seno de la sociedad catalana. Este puede ser a grosso modo el resumen de las intervenciones del profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona, José María Lafuente, el profesor de Economía Pública de la UIB, Joan Rosselló, y el politólogo Fernando Toll-Messía con motivo de la conferencia a tres sobre la viabilidad de la independencia catalana.

Lafuente sostuvo que un proceso secesionista en Escocia o Quebec no es extrapolable. En ambos casos, advirtió, el proceso resulta relativamente sencillo. El asunto escocés se solventa con la revocación de un tratado internacional. En el lance canadiense ya se ha establecido hasta el porcentaje de votos que da vía libre a la independencia.

Por su parte, Cataluña se enfrenta a dos vías complejas. En un divorcio consensuado necesita el respaldo de los partidos estatales para lograr la modificación de la Constitución -requiere el apoyo de dos tercios del Congreso y otro tanto en el Senado-. Si opta por la decisión unilateral, el objetivo consistirá en concitar el apoyo internacional, una misión casi imposible debido al temor de franceses e italianos a que se extiendan procesos similares a Bretaña, Córcega, el Piamonte o la Padania. "Incluso los juristas nacionalistas excluyen tanto una como otra posibilidad", asegura Lafuente. Por este motivo, explica el profesor de Derecho Constitucional, Mas elude mencionar las palabras independencia y secesión. En cambio, habla de "estructuras del Estado" con el objetivo de obtener una Hacienda propia.

El profesor de Economía Joan Rosselló considera sumamente complicado convenir el balance de la secesión catalana. Sin embargo, lo que tiene meridianamente claro es que Balears y Cataluña operan como contribuyentes netos del Estado -en el caso de Cataluña, la balanza fiscal negativa oscila entre los 8.000 y los 16.000 euros anuales-. "La mejor demostración de que la independencia catalana es viable es la reacción de aquellas regiones que son receptoras netas de fondos. Su miedo a perder recurosos evidencia que hay territorios que contribuyen más que otros", subraya.

Por su parte, el politólogo Fernando Toll-Messía destaca la "habilidad" de Artur Mas para gestionar la desafección de la ciudadanía hacia los políticos. "Ha puesto un tema de agenda [la independencia] en primera línea del debate político y la desafección ha pasado a un segundo plano", precisa. "Mas también ha sabido mover a personas de un alto nivel de ingresos y posición social, que son los que participan en la vida política", abunda.

La segunda destreza del presidente de la Generalitat ha consistido en gestionar "bien" la "fisura de origen" (lengua y lugar de nacimiento). Esa fisura de origen la ha "revestido de sentimiento de identidad catalana". Los sondeos apuntan a que los ciudadanos con raíces catalanas votan partidos autóctonos mientras el resto se inclina por formaciones de corte nacional. Las encuestas que recogen un avance del secesionismo también arrojan contradicciones: hay más catalanes que se sienten más españoles que catalanes que a la inversa. O que el 48% de la población se siente tan catalán como español.