La Coordinadora de las ONG de Cooperación y Desarrollo de Balears ha elaborado un estudio en el que revela que los recortes y los impagos en las subvenciones de las administraciones públicas están afectado, de forma directa, a 30.340 personas de nuestras islas. Son personas que se beneficiaban de iniciativas, actividades y proyectos de las diferentes organizaciones no gubernamentales y las asociaciones vecinales, culturales y sociales. Es el caso de proyectos destinados a paliar la situación de pobreza de muchas familias de nuestras islas.
Marino de la Rocha, presidente de la entidad y uno de los impulsores de la Plataforma por la Recuperación de la Iniciativa Ciudadana (PRIC), explicó que la falta de ayudas y los impagos también están "debilitando el tejido asociativo de nuestra Comunidad". Reconoció que el 99% de los fondos de estas organizaciones dependen de las administraciones, pero indicó que, en estos momentos, es muy difícil poder encontrar donantes privados.
Según el estudio, coordinado por Giolesa Garivia, se han perdido en las islas 87 puestos de trabajo de personal administrativo y técnico y 300 en los países del tercer mundo donde se realizan proyectos de cooperación.
La deuda de las instituciones (Govern, consells y ayuntamientos) con estas entidades ascendía en el momento de concluir el estudio, en mayo de este año, a 6,2 millones de euros. No obstante, se congratularon que el Govern está realizando un esfuerzo para actualizar el pago en los últimos meses.
Jaume Obrador, vicepresidente de la Coordinadora de las ONG, relató que el pasado año no existió convocatoria de subvenciones y en este ejercicio se están tramitando las correspondientes a 2011. Esta situación ha provocado que la reducción de ayudas a estas entidades ha descendido más de un 40% en los últimos años.
Las entidades que forman la Coordinadora reclaman más transparencia en la distribución de los fondos públicos. Piden que las administraciones destinen de forma efectiva el 0,7% de su presupuesto a ayudas sociales y de cooperación. Por último, exigen a las instituciones que mantengan las convocatorias de ayudas para poder seguir "haciendo cooperación de forma descentralizada, eficaz y eficiente en nuestras islas".
