El Estado exige al Govern ´resolver´ discrepancias de la Ley Company

DIARIODEMALLORCA.ES/AGENCIAS.PALMA El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el acuerdo de la comisión bilateral entre el Estado y la Comunitat Autònoma para iniciar negociaciones y resolver las "discrepancias" con algunos artículos y disposiciones de la Ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, que fue aprobada en el Parlament el pasado 29 de mayo y conocida como Ley Company, en referencia al conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company.

Concretamente, el BOE recoge que la Comisión Bilateral de Cooperación, en su reunión celebrada el día 23 de julio de 2012, acuerda iniciar negociaciones para resolver las discrepancias en relación a tres puntos: el artículo 7.2, en el que se contempla que los Ayuntamientos puedan ofrecer alternativas a la obligatoriedad de que el promotor ceda suelo equivalente al 15% de la edificabilidad; el artículo 10, en el que se habla de la reserva de suelo para viviendas protegidas;  y el artículo 17 que trata la modificación de los polígonos industriales. Asimismo, también se tendrá que negociar las disposiciones adicionales 1ª, que hace referencia a la regularización de urbanizaciones ilegales;  3ª, en la que se prevé la aprobación de proyectos sin informes medioambientales; y la 4ª, en la que se trata el precio en los patrimonios públicos de suelo. El último punto de la discordia es aquel en el que se habla de cesiones y reserva para viviendas protegidas, recogido en la disposición transitoria 2ª de la mencionada ley.

     Además, acuerda designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda. Unas decisiones que han sido fruto del trabajo "de oficio" por parte de la Abogacía del Estado, según indicó el diputado socialista Jaume Carbonero.

Reacciones
Así, el diputado del grupo socialista ha lamentado que el PP "no haya querido escuchar las numerosas voces, tanto desde la oposición como desde la calle, advirtiendo de los efectos negativos de esta ley", lo que demuestra "el talante autoritario de un Govern que no escucha a nadie y gobierna a golpe de decreto, incluso intentando saltarse la Constitución", señala.

     Además, Carbonero critica la "inseguridad jurídica que está generando el Govern", ya que, por el momento, "se desconoce si finalmente esta ley continuará vigente o la tumbará el Tribunal Constitucional".

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