J.F.MESTRE/B.P. PALMA
El médico de Palma que fue condenado a pagar los gastos de manutención de un menor, que nació al fracasar un aborto, ha decidido presentar un recurso a la sentencia y pide a la Audiencia que la decisión judicial sea anulada. Su letrado, Javier Clastre, ha presentado un extenso recurso, en el que entiende que la sentencia no tiene ninguna justificación jurídica para condenar a su cliente, el ginecólogo que llevó a cabo el aborto, a que indemnice a la madre por el daño moral causado y que asuma los gastos de la manutención del niño hasta que cumpla los 21 años de edad. En total, en el caso hipotético de que la sentencia se confirmara, el médico debería afrontar una indemnización que asciende a 420.000 euros. La clínica donde trabaja este médico y la compañía de seguros que cubre su responsabilidad también han recurrido la decisión del juez de Palma.
Esta polémica sentencia, la primera que se dicta en España sobre la responsabilidad médica tras un aborto frustrado, será revisada por el tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia de Palma. El abogado del médico condenado, dada la trascendencia social de este caso y al tratarse de un asunto inédito, solicitó al tribunal que celebrara una vista, en la que los letrados pudieran exponer sus puntos de vista jurídicos sobre la sentencia. Sin embargo, la abogada Eva Munar, que representaba a la madre y cuya demanda fue aceptada por el juez, se opuso a esta petición de la parte contraria. Munar consideraba innecesario que se celebrara una vista, entre otras cosas, porque no se iban a aportar nuevas pruebas ni nuevos testimonios.
El tribunal, en un reciente auto, ha dado la razón a la abogada de la madre y ha decidido que no es necesario que se celebre una vista. Es decir, la sala resolverá el recurso tras valorar la sentencia de primera instancia y los escritos de los recursos que han presentado los diferentes abogados.
El juez que dictó la primera sentencia consideró que el médico debía ser condenado a indemnizar a la madre ya que, debido a su negligencia profesional, la había obligado a tener un hijo que no deseaba. La sentencia asegura que un progenitor no deseado conllevaba una descendencia que no fue buscada ni querida, por lo que el ginecólogo debía asumir la responsabilidad del nacimiento de una vida que su madre no quería. La joven madre acudió a este médico para que le realizara un aborto. Días después se le realizó una ecografía para comprobar si la intervención había funcionado. El facultativo le dijo a la joven que todo había ido bien. Varios meses más tarde regresó y en otra ecografía se comprobó que la interrupción había fracasó, pero ya era tarde para parar el embarazo.