La fiscalía Anticorrupción está investigando si el actual alcalde de Porreres, Bernat Bauzá, del partido Convergència per les Illes, ha utilizado, al menos una parte, del dinero público destinado a la construcción del auditórium municipal, a la construcción de una vivienda particular en la localidad. Se ha descubierto que la empresa que ha realizado ambas obras es la misma, por lo que se analizará a fondo todos los movimientos económicos de esta constructora para confirmar si estas sospechas son ciertas.

Bernat Bauzá, que pertenecía a la desaparecida Unió Mallorquina, está imputado por la juez Carmen Abrines por malversación de fondos públicos. Se le acusa de haber desviado una parte de una subvención que el ayuntamiento de Porreres recibió de la empresa pública Inestur para la organización de proyectos de artes escénicas, en el pago de facturas por las obras de construcción del edificio municipal. Estas facturas que se pagaron con esta partida de la conselleria de Turismo tenían fecha anterior a la firma del convenio. Ante esta presunta irregularidad, el actual conseller de Turismo, Carlos Delgado, envió toda la documentación a la fiscalía Anticorrupción, que decidió presentar una denuncia en el juzgado por un delito de malversación de dinero público.

Hace algunos meses el alcalde de Porreres se cambió de vivienda y se trasladó a un nueva edificio, de planta baja y dos pisos, que se construyó a la entrada de la localidad. Se comprobó que el constructor que realizó esta obra es el mismo que acondicionó las obras del auditórium municipal. Se trata de la empresa constructora Binid´or, que tiene su sede principal en la zona de Cala d´Or, en el municipio de Santanyí. Los investigadores no creen que se trate de una casualidad que la misma empresa constructora, que no es ni siquiera de la localidad, realice ambas obras. Se sospecha, y debido a las irregularidades que se han descubierto alrededor de la construcción del auditórium, que el alcalde Bernat Bauzá, supuestamente, ha tenido algún trato de favor por parte de esta constructora para levantar su nueva vivienda en el municipio.

Por estas sospechas, la fiscalía a través del fiscal Miguel Ángel Subirán, ha solicitado a la juez Carmen Abrines, que investiga el llamado caso Voltor, que ordene a la Policía que solicite todos los movimientos económicos de esta constructora. También se solicitará, con toda seguridad, al alcalde de la localidad que entregue toda la documentación sobre esta nueva vivienda y, sobre todo, que facilite las facturas que ha pagado a la constructora.