Recientemente se han aprobado dos leyes con su impronta (las de Turismo y de Función Pública, que elimina la obligatoriedad del catalán para trabajar en la Administración). ¿Bauzá hace la política de Delgado?

—Bauzá llevaba un programa electoral muy claro con el que me siento muy cómodo. Ese programa motivó una victoria electoral aplastante. No sé de qué se extrañan algunas personas; la noticia sería que lo hubiéramos incumplido.

A veces resulta difícil calibrar su peso en este Govern y en el partido. ¿Su sombra es alargada o ha perdido fuelle?

—El presidente me escucha en los temas propios de mi Conselleria. Él confía en mí y yo plenamente en él. No tengo más peso que el resto de mis compañeros que están en una situación similar a la mía.

Rivales en el seno del partido como Jaume Font, Antoni Pastor y ahora José María Rodríguez han sido laminados.

—Todos ellos han salido de manera voluntaria. La marcha de Font, la de Pastor, al ponerse en contra de nuestro programa electoral, y la dimisión de José María Rodríguez, todas han sido decisiones personales en las que, lógicamente, yo no tengo nada que ver.

Como Pastor, usted fue un rebelde frente al aparato. ¿Se ha tratado con excesiva severidad al manacorí por defender el catalán?

—Se están aplicando los estatutos del partido. No son comparables ambas situaciones.

¿Su españolismo casa con el regionalismo de los militantes del PP de la Part Forana?

—Con este programa se está demostrando que sí. Lo que defiendo es la libertad de que cualquier persona en las Illes Balears tenga la posibilidad de elegir su lengua de expresión entre las oficiales. Todos debemos ser mallorquinistas y españolistas porque todos somos españoles y mallorquines. Emplear el término de nuestro país de manera despectiva es propio de una sociedad inmadura. Reivindico mi derecho a hablar en castellano como el de una persona que prefiere hablar en mallorquín, y que lo pueda hacer en su casa porque en su casa se ha hablado el mallorquín. Es una cuestión de libertad y de sentido común, lo que ocurre es que llevamos varias décadas sin que prevalezca esa libertad y ese sentido común, y ahora parece raro.

Tanto revuelo con el catalán y solo el 13% de los padres han escolarizado a sus hijos en castellano.

–Tengo entendido que las cifras oficiales todavía no han sido dadas a conocer, en cualquier caso lo importante es que los padres ya pueden elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos, es decir, existe libertad, cosa que antes no sucedía. El resultado y la evolución de la elección de los padres es algo que se verá en el fututo.

¿En su concepto de país tienen sentido las comunidades autónomas y los consells?

—No es una cuestión de estructura sino de la dimensión que entre todos los políticos hemos dado [a esas administraciones]. Soy plenamente consciente de lo útil que pueden ser ambas pero lo que no puede ocurrir es que haya duplicidad de competencias. La duplicidad genera inseguridad jurídica para el ciudadano y un gasto injustificado.

Dos predecesores suyos en el cargo de conseller de Turismo (los uemitas Buils y Nadal) han sido condenados a penas de cárcel.

—La justicia es implacable y acaba poniendo a cada uno en su sitio. A nadie le deseo que pase por esta situación, pero si alguien ha cometido algún tipo del delito, al final pagará por ello.

Una predicción. Con la Ley de Turismo aprobada, ¿cómo estará Balears dentro de cinco años?

—La crisis pasará en uno, dos o tres años. Sin embargo, nuestro destino turístico está obsoleto en grandes zonas de las islas. Dentro de cuatro o cinco años veo unas islas, especialmente las zonas maduras, reconvertidas o en pleno proceso. Para entonces ya veremos muy buenos resultados.

La Ley contempla que un proyecto turístico pueda eludir el cumplimiento de determinadas normas si va firmado por un arquitecto o artista de prestigio internacional. ¿Quién decidirá sobre la relevancia de ese artista?

—Se ha comentado mucho que [la Ley] puede incitar a la arbitrariedad en la toma de decisiones y eso derive en irregularidades o agravios comparativos. Es normal que se piense así dada la mala imagen que los ciudadanos tienen de los políticos. Cuando nosotros legislamos, no pensamos en ese tipo de comportamientos, sino en cómo salvar un destino turístico que está en coma. Partimos de otra premisa también. La legislación que tenemos no ampara ni posibilita la regularización de toda la realidad socioeconómica y urbanística del ámbito del turismo, en muchos casos desarrollada de manera ilegal. Solo una legislación un poco flexible en la que se pueda estudiar caso por caso, va a permitir que toda esa masa de producción de riqueza pueda volver a estar dentro del entorno jurídico, y, así, controlarla y sacar beneficio público.

Pero, ¿quién decidirá sobre la celebridad de los arquitectos?

—Decidirán los ayuntamientos. En cada una de estas actuaciones exigiremos un informe vinculante del ayuntamiento o del consell insular. No hay que olvidar que todas las prerrogativas que la ley da podían obtenerse con anterioridad mediante un cambio puntual del plan general de cada ayuntamiento.

Volvemos a estar en manos de la arbitrariedad o la buena voluntad de los políticos.

— Siempre se está en manos de los políticos. Lo que no podemos hacer es que esos políticos aprueben legislaciones que estén al margen de la realidad. Tenemos que ser conscientes de que existe una oferta ilegal y cambios de uso no consentidos ni regulados. No regular eso es enterrar la cabeza como las avestruces. Nosotros hemos querido ser valientes, hablar de estos problemas e introducir nuevos productos de explotación.

Y en vez de atacar las irregularidades y ser más inflexibles, ¿no se abre manga ancha para que la ley lo ampare todo?

—No. Cuando hay un cambio de uso [un hotel que se convierte en edificio de viviendas], es por una falta de rentabilidad. Les ocurre a cientos de hoteles de una y dos estrellas que no son rentables y están degradándose. Ahora les damos varias salidas que antes no tenían: un plazo de hasta cuatro años para su reforma; la posibilidad de negociar su paso a condohoteles, que propiciará una subida a un mínimo de tres estrellas superior; y, finalmente, el cambio de uso, que antes existía de manera irregular. Con el cambio de uso, el Ayuntamiento obtiene el 5% de la reforma integral del edificio, que tendrá viviendas de un mínimo 90 metros cuadrados.

La Ley también permite que, con el beneplácito del ayuntamiento y del Govern, se construyan pisos de 35 metros cuadrados.

—Sí, pero en casos excepcionales y de manera limitada. Pero es que eso también existe ahora.

Para alargar la temporada, la construcción de un equipamiento deportivo en rústico puede ir acompañado de un hotel de 450 plazas. ¿Qué ocurre con el consenso de no consumir más territorio y de que las plazas hoteleras actuales son suficientes?

—La Ley contempla unos mecanismos para el control de las plazas hoteleras. De todas maneras, se necesitará autorización del Consell y del Ayuntamiento. De todos modos, esto ya existe porque un ayuntamiento puede recalificar una zona. Tampoco hacemos nada del otro mundo. No sé de qué se escandaliza mucha gente cuando la filosofía hasta ahora era mucho peor. Las áreas de reconversión y los esponjamientos permitían las construcciones en zonas verdes. En Son Massot se iban a levantar 520 viviendas en base a una supuesta demolición de un hotel que estaba fuera de ordenación. A nosotros no nos interesa esponjar para que crear un agujero en medio de una trama urbana. Preferimos rehabilitar ese edificio y que su edificación no se vaya a suelo rústico.

El artículo 45 permite destinar la mitad de la capacidad de un hotel de cinco estrellas a uso residencial. ¿Eso no es importar el modelo caribeño y generar menos empleo?

—Este artículo introduce conceptos que están triunfando en algunas zonas como el Caribe, con los resorts. Estos residenciales están sujetos al régimen de servicios hoteleros. Las personas que compran las viviendas reciben el servicio de trabajadores de hostelería, pero de cinco estrellas. Es importante porque los hoteles de cinco estrellas tienen un trabajador por cada 3,6 clientes y los de una estrella tienen un empleado por cada 13 huéspedes.

La Ley ha encontrado la oposición de los empresarios de restauración, bares, salas de fiesta y espectáculos. No se ha conseguido la unanimidad que se pretendía.

—En ningún caso pretendía la unanimidad, sino hacer lo que se tiene que hacer. El tiempo dirá si me equivoqué o no. Les hemos explicado por activa y por pasiva que esta ley les concede una serie de prerrogativas y derechos que ninguna ley anterior les otorgaba. Se han quejado mucho pero creo que estas quejas obedecen a empresas muy concretas que saben moverse a nivel social pero que no tienen tanta representación como pueden aparentar en los medios de comunicación.

¿Esta ley se la han redactado los hoteleros?

—Es rotundamente falso. Le podría decir quién es el letrado redactor de la Ley. Aquí hemos estado trabajando todos. La ley la he redactado yo mismo con el director general y con el grupo de letrados de la Comunidad.

Con el todo incluido y todas las actividades que van a poder desarrollar los hoteles (comercial, deportiva, conciertos, etc...), el turista no pisará la calle y muchos negocios desaparecerán.

—Dando calidad estamos acabando con muchos ´todo incluido´. Pongo el ejemplo de Magaluf: es verdad que el Nikki Beach o el Wave House ofrecen un ambiente muy tematizado, pero antes se pagaba por el alojamiento y el todo incluido 27 euros y ahora 350 con solo desayuno. Estos son los efectos que provoca la Ley. Esos clientes salen a la isla, alquilan el coche... La tematización va en contra del todo incluido. La tematización es calidad y la calidad es beneficio para la oferta complementaria.

Subida del IVA, incremento de las tasas aeroportuarias y recorte en los presupuestos del Imserso. Nunca un Gobierno central había golpeado con tanta fuerza a la industria turística.

—Es que nunca un gobierno central se ha encontrado con una situación semejante. Hay que estar dentro para entenderlo.

Si ustedes decían que la solución es la bajada de impuestos para dinamizar la economía, ¿a dónde nos lleva el aumento de la presión fiscal y los recortes?

—El problema es que la rebaja de impuestos en una solución a medio y largo plazo. La situación es tan absolutamente dramática que se requieren medidas de ingresos inmediatos para reducir el déficit. Estamos en estado de coma y hay que aplicar un tipo de remedio que puede dejar secuelas; de lo contrario, pasamos al estado de muerte.

¿No es un poco raro que el Mallorca publicite a un rival turístico como la Riviera Maya?

—Realmente es un poco raro, pero hablamos de una sociedad anónima que tiene que sobrevivir.

La prensa alemana recoge con alarma la construcción del hotel de es Trenc.

—Es un tema en el que nosotros hemos tenido una participación muy concreta en la fase final del mismo. Dejando al margen que es una inversión de 120 millones de euros y que va a crear 1.200 puestos de trabajo, que es mucho dejar al margen, y que no es cierto que se construya en la playa...

Las propias empresas promotoras incluyen es Trenc en su nombre.

—Sí, pero no se construye encima de la playa. Y dejando al margen de que fue auspiciado y promovido por el PSOE y el PSM en un acuerdo plenario en 2009, que también es mucho dejar al margen, nuestra intervención solo ha sido de acortamiento de plazos tal como dicta una ley del Pacte de Progrés. No legalizamos nada ni damos opinión de nada. Es curioso que no se hable para nada del proyecto del municipio socialista [en referencia al hotel de Canyamel, en Capdepera].

Cinco grupos ecologistas piden su paralización.

—Quizá se tenían que haber movilizado antes, cuando el PSOE y el PSM dieron luz verde al proyecto. Los grupos ecologistas siempre se desperezan cuando está gobernando el PP. Por qué no montaron antes la cadena humana, la cual, me parece muy legítima. Los grupos ecologistas han sido muy necesarios en nuestras islas pero les ha perdido la politización, exactamente igual que los sindicatos.

Con la Ley aprobada en el Parlament, ¿los empresarios empezarán este invierno las obras?

—En estos momentos hay un listado de inversiones que estaban pendientes de la Ley. Le prometo que hoy [por el pasado miércoles] he recibido tres o cuatro llamadas preguntando cuándo entra en vigor.

Al margen de estos proyectos, también se han producido ciertos fiascos, como el del parque temático dedicado a las islas de 110 hectáreas que presentaron junto al empresario danés Per Pedersen.

—A lo mejor se equivoca.

¿Sigue vigente?

—Sigue vigente. Lo que no podemos estar es dando continuamente información.

¿Qué hay del supuesto inversor de la familia real Catarí en el hotel de Canyamel?

—Desconocemos lo de la familia catarí. Aquí no ha venido nadie ni tengo ninguna información concreta. Sabemos en qué consiste el proyecto pero quien esté detrás, la verdad es que lo ignoro.

¿Sigue vivo el proyecto?

—Las noticias que tengo, son que sí.