La Sección Primera de la Audiencia de Palma juzgará del 8 de abril al 21 de mayo a los 18 acusados en el caso Scala de supuesta corrupción del Govern balear de Jaume Matas, entre los que figura el exconseller de Comercio e Industria Josep Juan Cardona, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
La Fiscalía reclama en el caso Scala 21 años de cárcel por seis delitos para Cardona, así como diversas penas carcelarias para otras 17 personas por desviar unos 7 millones de euros públicos.
La causa trata sobre una posible trama de corrupción en el Govern dirigida supuestamente por Cardona, que se apropió de 3.700.000 euros de fondos públicos y provocó "sobrecostes" de contratos públicos por otros 3.300.000 euros.
Este dinero provenía del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), dependiente de la Conselleria de Cardona y acabó, según el fiscal, en manos de los acusados y de empresas allegadas a cuyos administradores exigían comisiones.
Además de Cardona, acusado de malversación, asociación ilícita, fraude, cohecho, prevaricación y falsedad documental, aparecen encausadas otras 17 personas.
Entre ellas figuran el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, para quien el fiscal pide 20 años de prisión, y la ex gerente del CDEIB, Antonia Ordinas, que se enfrenta a 7 años de cárcel, ambos acusados de los mismos delitos que Cardona.
Aparecen asimismo la esposa de Ordinas, Isabel María Rosselló, para quien el fiscal reclama 7 años, y el ex concejal del PP en Lloseta Felipe Ferré, sobrino de Jaume Matas y que se enfrenta a 6 años.
La Fiscalía acusa a Cardona, Viaene y Ordinas de idear y ejecutar una serie de actuaciones con la finalidad de apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos de los que tenían poder de disposición por razón de su cargo.
Para lograr lucrarse, sostiene el fiscal, los tres crearon "una estructura jerárquica perfectamente organizada" que hiciera posible "el saqueo sistemático de las arcas públicas", utilizando las "coberturas formales necesarias" para que "el expolio que desarrollaron durante cuatro años pasara desapercibido".
Cardona ocupó la posición de "líder o jefe-director", afirma el fiscal, estableciendo las líneas maestras del funcionamiento "de dicho grupo delictivo", dando las instrucciones "a sus subordinados" y cuidando "de nutrir económicamente" al CDEIB mediante "el traspaso continuo de fondos públicos desde la propia Consellería de Comercio o desde el Instituto de Innovación Empresarial".
Según Anticorrupción, las fórmulas utilizadas por los acusados para desarrollar "el robo sistemático" fueron, entre otras, creación de entidades mercantiles que obtenían contratos, utilización de entidades ya existentes y el cobro de comisiones a particulares y proveedores.
El desarrollo de su actividad delictiva (bajo el lema "más facturación, más comisión") provocó que el presupuesto anual del CDEIB "se agotase muy rápidamente", lo cual suponía "un freno a la actividad delictiva del grupo".
En el escrito de acusación también aparecen encausados la secretaria de Ordinas, Daniela Beaumont; el marido de ésta, Jaime Julio Fernández; el exasesor del CDEIB, Juan Enrique Riera; el antiguo coordinador de ferias del CDEIB, Antonio Munar, y Pedro Veny, encargado de hacer un estudio supuestamente ficticio para el consorcio público.
Además, están acusados de diversos delitos los administradores y socios de diversas empresas que resultaron beneficiarias de contratos del CDEIB y que fueron supuestamente un fraude para desviar el dinero.
Es el caso de Joan Rosselló, Arnoldus Van den Hurk, Francisco García, S.J.P. , Jaume Gil, Manuel Carmelo Saez, Juan Enrique Riera, Antoni Vicens y Francisco Miguel Mauri.
