El catalán deja de ser un requisito para trabajar en la administración

DIARIODEMALLORCA.ES/EFE. PALMA El Parlament ha aprobado hoy la reforma de la Ley de Función Pública que deroga el requisito de acreditar el conocimiento del catalán para trabajar en la administración balear y ha dado también su visto bueno a la nueva ley turística, que facilita el cambio de usos de establecimientos hoteleros.

La Cámara autonómica ha celebrado esta mañana dos plenos extraordinarios para aprobar definitivamente ambos proyectos de ley en una jornada que se completará con una tercera sesión en la que previsiblemente se ratificará un decreto del Govern que simplifica los trámites para el desarrollo de algunas actividades industriales y proyectos en materia de energías renovables.

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta para, en cumplimiento de su programa electoral, modificar la Ley de Función Pública con la voluntad de asegurar la igualdad de trato a los ciudadanos de las islas al margen de cuál de las dos lenguas oficiales sea la que cada uno considera propia.

Por contra, los portavoces de la oposición han subrayado que con esta reforma el Govern da preferencia al castellano sobre el catalán, lengua propia del archipiélago según el Estatuto de Autonomía, ya que solo el idioma común de España será exigido para acceder a un empleo público, mientras que el catalán se contemplará como mérito.

Además, los grupos de izquierdas han considerado que la nueva regulación contraviene varios preceptos legales, por lo que han solicitado que se someta a un dictamen del Consell Consultiu, lo que ha rechazado el PP al entender que es perfectamente constitucional y conforme al Estatuto de Autonomía.

La supresión del requisito de conocer el catalán para trabajar en las administraciones de las islas, que tiene como excepción al personal docente y a aquellos empleados públicos dedicados específicamente a atender a los administrados, ha motivado protestas de grupos de defensa del catalán concentrados junto al Parlament.

El diputado del PP Fernando Rubio ha subrayado que lo que su grupo pretende es erradicar cualquier discriminación por razón de lengua, para lo que es preciso garantizar "el equilibrio entre las dos lenguas oficiales".

En nombre del PSIB, la diputada Pilar Costa, ha asegurado que la reforma legal "de facto elimina el catalán como lengua oficial de Baleares" al avalar que "el castellano tenga preferencia sobre el catalán".

APROBADA LA NUEVA LEY DE TURISMO

En cuanto a la Ley de Turismo, que según el Govern favorece la reconversión de zonas turísticas obsoletas y regulariza el cambio de usos de hoteles, la oposición la ha criticado porque impulsa el desarrollo urbanístico desordenado y la ocupación de suelo rústico.

La ley ha sido respaldada en su conjunto por el PP, que ha rechazado todas las enmiendas planeadas hoy por el PSIB y el PSM-IV-ExM i Més per Menorca, grupos que se han abstenido en algunos puntos aislados de la normativa pero se han opuesto a los aspectos que suponen cambios de calado en la regulación vigente
El debate ha estado marcado por el desvanecimiento sufrido en mitad de su intervención por la diputada del PP Lourdes Bosch, que ha tenido que abandonar la tribuna y ha obligado a la suspensión por diez minutos de la sesión, tras la cual se ha zanjado el debate.

Antes, Bosch ha defendido que la ley propuesta por el Govern favorecerá la modernización del turismo en Baleares y la competitividad de sus empresas, mientras que los grupos de izquierda han considerado que perjudica al turismo de calidad, fomenta la construcción desordenada e introduce arbitrariedad e inseguridad jurídica.

La diputada del PP ha respondido a las críticas de la oposición por la subida del IVA culpando al PSOE por dejar "el país arrasado" y ha asegurado además que si se sigue aplicando al principal sector de la economía balear el tipo reducido de ese impuesto es gracias a la intercesión del presidente del Govern, José Ramón Bauzá.

La diputada socialista Isabel Oliver, ha augurado que el incremento del IVA no solo restará competitividad sino que dificultará la ejecución de proyectos de reforma en la próxima temporada baja, y ha sostenido que la ley es básicamente una norma urbanística.