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Alrededor de 6.200 personas dependientes aún no han empezado a recibir la ayuda que les fue concedida. Según los últimos datos hechos públicos por la conselleria de Salud, Familia y Bienestar Social, 16.463 personas de Balears tienen reconocido su derecho a beneficiarse de una prestación, pero solo 10.260 ya están percibiéndola.
Los datos que ofrece la conselleria no especifican los tiempos de espera que pasan los usuarios desde que entregan la solicitud hasta que empiezan a recibir la ayuda, pero teniendo en cuenta que el proceso implica muchas fases y comparando la evolución de cifras mes a mes, se aprecia que las incorporaciones son lentas. Además, de las 6.200 personas que siguen esperando hay un grupo de 2.490 que ya sabe que le espera por lo menos un año más sin ayuda. Son los dependientes leves, a los que según los calendarios que fija la ley les tocaría empezar a beneficiarse este año, pero que tendrán que esperar un año más, ya que el Gobierno ha aplazado su incorporación al sistema por motivos presupuestarios.
Según las tablas que cuelga Bienestar Social en su web, en los dos últimos meses han empezado a percibir la prestación alrededor de 200 personas. Este incremento contrasta con los datos que atesora el Gobierno nacional, que indican un descenso del 0,86% del número de beneficiarios en los últimos doce meses.
Esta bajada de beneficiarios ha sido uno de los indicadores negativos que ha llevado al Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a ponerle un suspenso a Balears en cuanto a aplicación de la ley de Dependencia. Otros indicadores que han perjudicado a la ´calificación´ de Balears son el porcentaje de beneficiarios respecto al total de la población, que es 0,89%, por debajo del 1,6% de la media estatal.
Otro de los problemas del sistema en Balears que pone de relieve el Observatorio es el desequilibrio entre la naturaleza de las ayudas que se reparten. La ley establece cuatro tipo de prestaciones: plaza en una residencia; en un centro de día o de noche; prestación económica vinculada a un servicio de cuidados; y prestación económica para ayudar a las familias que ejercen de cuidadoras. El problema es que aunque la ley establecía el reparto de ayudas económicas como algo excepcional, en algunas comunidades como la balear son la opción mayoritaria: el 70% de las familias beneficiarias pide cobrar el dinero y asumir ella misma el cuidado del dependiente. Sólo un 3% vincula ese pago a la contratación de un servicio. El 27% restante tiene una plaza residencial, o en un centro diurno o de noche.
En cuanto a las edades de los solicitantes, destaca que el 70% tiene más de 65 años. Un 8% de los solicitantes tienen 30 años o menos. El Govern ha recibido más de 38.000 solicitudes para beneficiarse de esta ley desde que entró en vigor. De estas personas, hay más de 5.000 que aún no han pasado ni la primera fase, que es la elaboración de un dictamen que les reconozca su derecho a entrar en el sistema de prestaciones.
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